Las asociaciones de jueces avalan el estado de alarma

Las cuatro asociaciones de jueces ratificaron hoy, en declaraciones a Servimedia, la idoneidad jurídica del estado de alarma decretado el sábado por el Gobierno para hacer frente a la paralización del tráfico aéreo provocada por la huelga encubierta de los controladores. Sólo Jueces por la Democracia (JpD) añadió a esta corroboración la conveniencia de que se levante esta excepcionalidad cuanto antes, una vez normalizada la situación.
El portavoz en funciones y miembro de la directiva de la Asociación Profesional de la Magistratura, José Antonio Ballestero, constató que la declaración del estado de alarma “parece bien armada jurídicamente” y "tiene engarce constitucional, sin perjuicio de que haya habido que acudir a normas de carácter preconstitucional”. No quiso pronunciarse sobre la posibilidad de que el Gobierno lo amplíe a dos meses.
Desde la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero explicó que el estado de alarma "responde a la Constitución y a la ley de 1981 que lo regula", y que "el criterio invocado es el ajustado a Derecho", porque evoca el "mal funcionamiento y el colapso de un servicio público esencial para el Estado".
Además, distinguió que "el estado de alarma no supone la privación de ningún derecho", a diferencia del de excepción, y apuntó que tampoco se coarta "ningún derecho laboral", porque los controladores "no han declarado la huelga, simplemente han abandonado el servicio, lo cual constituye un delito de sedición".
Su homólogo de JpD, José Luis Ramírez, suscribió que la medida que tomó el sábado el Gobierno era “necesaria” para restablecer el tráfico aéreo, y constató que la decisión de prorrogarla dependería de la autorización del Parlamento. Ahora bien, recomendó que, “una vez restablecido el tráfico aéreo, no sería conveniente” prolongar el estado de alarma “más allá de lo que fuera estrictamente necesario”.
Por último, el portavoz del Foro Judicial Independiente, Javier Varona, considera que el supuesto de paralización de servicios públicos esenciales que recoge la ley de 1981 como justificación del estado de alarma está "calcado" en el caos provocado en los aeropuertos por el abandono de sus puestos por los controladores. Dejó pendiente del Parlamento su eventual prórroga, pero no ve pegas a la militarización momentánea del sector ni implicaciones laborales a falta de una declaración de huelga.