Las asociaciones de la memoria histórica dicen que defienden sus intereses, no a un juez

Palma.- Las Asociaciones de la Recuperación de la Memoria Histórica de Cataluña y Mallorca que se querellaron el lunes contra los magistrados del Tribunal Supremo Luciano Varela y Juan Saavedra han asegurado hoy no estar "defendiendo a un juez en detrimento de otros" sino sus propios intereses como víctimas.

Ambas entidades han defendido hoy la querella mediante un manifiesto en el que señalan que han accionado los mecanismos propios de las leyes para defender sus intereses como víctimas y promover una justicia que "esté por encima de los intereses políticos de los vencedores y responsables de crímenes tan graves como los cometidos durante el franquismo".

"Nuestra querella no es un ataque a la independencia judicial sino un aporte para, precisamente, consolidarla y defenderla siempre desde la perspectiva de que, en una auténtica democracia, todos somos cuestionables y sujetos a exigencias de responsabilidad por nuestros actos", señala el manifiesto.

Las asociaciones de memoria catalana y mallorquina consideran que "ser miembro del Tribunal Supremo o, incluso, simple juez o magistrado no es una puerta abierta a la impunidad y, mucho menos, cuando se está actuando de forma tal que se incurre en conductas delictivas", como las que atribuyen a Varela y Saavedra.

"Criminalizar el debate jurídico resulta altamente preocupante para la independencia judicial", señala el documento.

El manifiesto señala que "el cuestionamiento" del proceso que abrió el juez Baltasar Garzón "podía hacerse, como se hizo, desde la órbita jurídica a través de los cauces procesales oportunos", pero critican que "el ataque directo al instructor", al achacarle "la comisión de un delito inexistente", es una "utilización espuria de la vía penal que resulta inadmisible y claramente prevaricadora".

Califican el proceso contra Garzón de "un grave precedente" que tendrá como consecuencia "el amedrentamiento, desde una vía autoritaria, de aquellos jueces que razonan por si mismos".

Ambas asociaciones se reservan la posibilidad de "exigir judicialmente" las responsabilidades que consideren oportunas contra "todos aquellos que están actuando para impedir el esclarecimiento de los delitos cometidos durante el franquismo, sean o no jueces".