Las empresas energéticas atraviesan su peor momento justo cuando más las necesitamos

El sector que está naciendo en España al calor de la urgencia por lograr mayor eficiencia energética se está topando con un escollo de peso. Las empresas de servicios energéticos (ESE) sufren la ambigüedad del marco legal que acota su actividad y la escasez crediticia de las entidades financieras sin la cual no tienen capacidad para acometer inversiones.

Estas empresas han sido designadas por el Gobierno para gestionar el ahorro en el alumbrado y en los edificios públicos dentro del paquete de medidas aprobado por el Ejecutivo para  frenar la dependencia energética de España a raíz de la crisis libia.

Ante la escasez de ingresos de la Administración, las empresas de servicios energéticos adelantan la inversión para llevar a cabo las medidas de ahorro y el Estado paga con el ahorro energético generado, a plazos. Pero hasta el momento sólo se ha adjudicado uno de los 330 proyectos de reforma energética que el Gobierno aprobó en 2009. Se trata del complejo Cuzco, en Madrid, que incluye la sede del Ministerio de Industria,  parte de Economía y Hacienda y la Oficina de Patentes y Marcas.

Gas Natural fue la empresa adjudicataria de un proyecto que prometía ser pionero en la apuesta por la eficiencia energética y que empujaría a otras empresas a invertir. Esa promesa no se ha cumplido, como tampoco termina de despegar la ampliación de dicho esquema a 2000 edificios públicos que el Ejecutivo lanzó en julio de 2010 en el plan ESE2000. "Hasta la fecha sólo se han materializado unos 20 contratos", explica Antonio López, gerente de la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética (A3E), creada en 2009. Para López, el sector se irá consolidando a medida que se liciten proyectos, "pero estas empresas necesitan financiación y ahora los bancos no financian", añade.

Para López, "hacen falta muchas más cosas que un Real Decreto para fomentar el ahorro energético y el despegue de las empresas de servicios energéticos, da la sensación de que estas medidas se han tomado con urgencia y sin planificación". Para este experto, apostar por la eficiencia energética es mucho más que cambiar las bombillas de las farolas públicas. "La mayoría del alumbrado público en España es ineficiente, el potencial de ahorro alcanza el 40%, pero supone un cambio de tecnología", que incluya toda una batería de medidas, como poner temporizadores y reguladores de intensidad de la luz.

Para otros expertos, en la incipiente carrera por la gestión de la eficiencia energética el problema no es ni siquiera la financiación, sino que "apenas hay contratos públicos encima de la mesa. Ojalá estuviéramos ya en ese estadio, significaría que el sector está más desarrollado. El problema es el vacío legal que rodea esta actividad", explica Manuel Acosta, director general de la empresa de servicios energéticos Ameresco y hasta hace dos meses presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos.

"Nos parece muy bien que el Gobierno quiera apostar una vez más por la eficiencia energética, pero primero debería cumplir los compromisos ya adquiridos", añade. El principal escollo al despegue real de las empresas de servicios energéticos, según Acosta, es que se rigen por el suministro de energía, de forma que resulta imposible verificar el ahorro real en el consumo energético. Esta ambigüedad en el servicio fomenta la desconfianza del cliente ante la falta de garantías de ahorro. Desde Anese se está trabajando en generalizar el contrato de garantía de ahorros que funciona en otros países, por el cual la empresa adjudicataria propone determinadas medidas de ahorro y se compromete a asumir el pago si no se alcanzan. De esta forma, "el control del ahorro está en manos del cliente en todo momento", añade.