Las patronales de limpieza aspel y aelma creen que la centralización de contratos públicos perjudica la libre competencia

Las patronales de limpieza Aspel y Aelma, que representan a la totalidad de empresas de limpieza de la Comunidad de Madrid, aseguraron este martes que el nuevo sistema de contratación centralizada de los servicios de limpieza integral de edificios, locales y dependencias de la Administración General del Estado ubicados en esta región "atenta contra la libre competencia de las empresas, al dificultar la concurrencia en el mercado".
Los presidentes de Aspel, Juan Díez de los Ríos, y de Aelma, Jesús Martín, mostraron así su disconformidad con los pliegos del concurso público presentado por la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, que limitan únicamente a dos el número de lotes a los que se puede presentar cada empresa licitante.
El objeto de la licitación abarca la limpieza de 497 edificios administrativos públicos, cuyo importe total asciende a 267 millones de euros. Actualmente, más de 30 empresas pertenecientes a ambas asociaciones prestan los servicios de limpieza en estas instalaciones. Sin embargo, el concurso limita el número de empresas adjudicatarias a una horquilla de entre 5 y 10 empresas. Por ello, la patronal de las empresas de limpieza madrileñas, Aelma, ha recurrido los pliegos del concurso ante los tribunales y espera que se pronuncien en los próximos días.
Las dos patronales consideran que esta medida "perjudica la libertad de acceso y va en contra de la libre competencia y de la libre elección de la oferta económicamente más ventajosa", coincidiendo así en los mismos términos que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ya advirtió el pasado mes de agosto en un informe de los efectos que el nuevo sistema de licitaciones podría tener sobre la libre competencia.
Aspel y Aelma advierten, además, de la existencia de un "lote trampa", el número 7, puesto que dos edificios cerrarán en un año y la empresa adjudicataria deberá hacerse cargo de los despidos de estos trabajadores.
Los presidentes de ambas entidades criticaron también el precio por hora del servicio recogido en los pliegos del concurso, "ya que establece variaciones en el pago de entre un 5 y un 30 por ciento, lo que añade incertidumbre de pago para la empresa".
Por todo ello, las dos patronales creen que este concurso "entorpece manifiestamente el acceso de las empresas a la contratación pública y perjudica gravemente los intereses de las mismas, al reducir la libre competencia en el sector". Asimismo, señalan que provocará, a corto plazo, el cierre de muchas empresas y, a medio y largo plazo, un aumento de los costes del servicio.