El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha presentado este lunes su dimisión como responsable sanitario en la región y el presidente del Gobierno madrileño, Ignacio González, la ha aceptado.
Así lo ha explicado el dirigente madrileño en rueda de prensa convocada urgentemente en la Real Casa de Correos, donde González ha anunciado que deja "sin efectos" la externalización sanitaria tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de mantener la suspensión cautelar del proceso. González ha avanzado que Lasquetty será sustituido en el cargo por Javier Rodríguez, diputado del PP en la Asamblea de Madrid y hasta ahora portavoz de Sanidad en el Parlamento madrileño.
El hasta ahora consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha afirmado este lunes que la decisión de dejar sin efecto el proceso de externalización sanitaria es "lo que más conviene a la sanidad madrileña, y ha explicado que ha decidido dejar el cargo "por rectitud y sentido de la responsabilidad".
"He decidido dejar el cargo de consejero porque yo fui quien propuse este proyecto, lo puse en marcha y las circunstancias lo han hecho imposible", ha señalado Lasquetty tras presentar su dimisión como consejero de Sanidad después de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de mantener la suspensión cautelar del proceso.
"Me marcho por rectitud y sentido de la responsabilidad", ha señalado Lasquetty, quien ha afirmado que su sucesor, el doctor y portavoz de sanidad del PP en la Asamblea de Madrid, Javier Rodríguez, "va a ser un magnífico consejero".
González dijo en rueda de prensa que la decisión de paralizar la privatización no supone un fracaso y defendió que, por el contrario, ha permitido generar un debate sobre la necesidad de hacer cada vez más eficiente el sistema público de salud que resultado beneficioso. Asimismo, indicó que el Ejecutivo regional no va a introducir "ningún recorte", pero añadió que seguirá "ajustando el gasto" en un servicio que, dijo, es de una extraordinaria calidad.
Respecto a las posibles responsabilidades que asume con su decisión el Gobierno autonómico ante las empresas concesionarias, el presidente regional indicó que la resolución judicial paraliza el procedimiento, por lo que opinó que todas la partes tienen que acatar dicha resolución que, agregó, deja en suspenso todos los procesos de privatización.
El cambio de postura de la Comunidad se ha producido horas después de que la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM haya decidido mantener la medida cautelar de suspensión de la denominada externalización sanitaria madrileña para evitar "perjuicios de imposible reparación".
Entre otros motivos, los magistrados argumentan que los cálculos de ahorro de la Comunidad son "meramente estimativos e hipotéticos que pueden no responder después a la realidad". Y añade que los perjuicios si la resolución impugnada se ejecutara y luego anulara "afectaría también al interés público y a la propia economía y Hacienda Pública de la Comunidad de Madrid". Y esgrimen también que el interés público exige "proceder con cautela para evitarle los graves e irreparables daños que se producirían en caso de que la resolución administrativa se ejecutara y después tuviera que anularse".
Asimismo, los magistrados niegan que la decisión de suspender el proceso suponga "un desapoderamiento al Gobierno de la Comunidad de Madrid de su competencia para aplicar en su ámbito territorial su político sanitaria y de implementar en unos concretos centros hospitalarios un determinado modelo de gestión".
Con la decisión de la Sección Tercera, el tribunal mantiene la medida cautelar que decretó la sección tercera de la Sala a raíz de un recurso presentado por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) por la corrección de errores que se hizo en los pliegos sobre las garantías exigidas a las empresas.
Concretamente, ese recurso de AFEM se sustentaba en que la corrección de los errores en los pliegos de la externalización de estos centros suponía una modificación sustancial del proceso, pues se pasaba de exigir a las adjudicataria el 5 por ciento del importe del contrato al 5 por ciento anual.
El 30 de abril de 2013 de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria habilitaba la externalización de los hospitales Infanta Sofía, Infanta Cristina, Infanta Leonor, el Hospital del Sureste, el del Henares y el del Tajo.
En julio TSJM suspendió ya cautelarmente la externalización a petición del PSM aunque posteriormente levantó la paralización al considerar que los socialistas no tenían legitimidad para recurrir al no ser "parte interesada" en este proceso.
El 16 de octubre, el entonces presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJM, Gerardo Martínez Tristán acordó la agrupación de todos los recursos presentados sobre la externalización, argumentando que con ello se evitaban posible contradicciones de las resoluciones por parte de diferentes salas. Luego, el 9 de enero, dicho Pleno se reunió y acordó devolver a las secciones de origen los recursos planteados.
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