La nueva Ley de Mutuas acaba de ser sometida a consulta pública, y ha recibido numerosas enmiendas por parte de los sindicatos UGT y CCOO que consideran que "incrementa el poder de las mutuas de accidentes de trabajo por encima de la salud de los empleados".
Bonus y autoaseguramiento empresarial
El borrador del reglamento contempla la posibilidad de un sistema de “bonus” para empresas que hayan registrado índices de incidencia por debajo de la referencia.
Las empresas que se beneficien de una reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales al disminuir su siniestralidad laboral podrán destinar hasta un 10 % de dicho incentivo al patrimonio histórico de su mutua.
Además, impone la “declaración responsable” donde antes pedía la conformidad de los representantes de los trabajadores o de la Inspección de Trabajo en el proceso de la Mutua de acordar con la empresa beneficiada el porcentaje del retorno de las cuotas.
Silencio administrativo positivo para las propuestas de las Mutuas
El reglamento propone utilizar el silencio administrativo como respuesta positiva en el caso de la solicitud de pruebas diagnósticas o para efectuar tratamientos terapéuticos. Una vez que la mutua ha solicitado la realización de las citadas pruebas o tratamientos, si el médico del Servicio Público de Salud no los autoriza o los deniega en el plazo de cinco días, "se entenderá otorgada tácitamente dicha autorización".
Pago de desplazamientos de los trabajadores llamados a control de IT
Según aparece en el borrador de la nueva ley, las Mutuas solo estarán obligadas a pagar los desplazamientos cuando el domicilio del trabajador se encuentre a una distancia igual o superior a los 25 kilómetros del centro de la Mutua.
El reglamento prevé su aplicación a todas las incapacidades temporales con independencia de que sean contingencias profesionales o comunes.
Cambios en la Comisión de Control y Seguimiento de las mutuas
También propone cambios en la Comisión de Control y Seguimiento de las mutuas, que estará compuesta por un máximo de doce miembros, entre ellos el presidente de la Junta Directiva más un número par de miembros igual o inferior a diez. De estos, la mitad corresponderán a los sindicatos y la otra mitad a la representación de los empresarios asociados. La nueva ley da entrada por primera vez a un trabajador autónomo en la Comisión de Control y Seguimiento de las mutuas.
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