Liberación de golpistas evidencia el control político sobre la Justicia turca

Dogan Tilic

Ankara, 11 mar.- Si el año pasado la oposición turca denunció que el encarcelamiento de docenas de acusados de golpismo tuvo motivaciones políticas, la salida ahora a la calle de varios de esos condenados es vista por los expertos como un reflejo de cambios en el equilibrio de poder que no tiene nada que ver con la Justicia.

A la liberación el pasado viernes del exjefe del Estado Mayor, Ilker Basbug, por fallos en el juicio que le condenó por golpismo, han seguido luego otras 19 salidas de prisión y se prevé que muchos más condenados en 2013 durante el macrojuicio Ergenekon aprovechen este hueco legal para reclamar que se anule su condena.

"Si el Gobierno y el movimiento Gülen no hubieran empezado a enfrentarse y sin las investigaciones por corrupción que comenzaron el 17 de diciembre, no habríamos visto estas puestas en libertad", ha denunciado Umit Kocasakal, presidente del Colegio de Abogados de Estambul.

Fethullah Gülen es el fundador de un grupo religioso islámico, que algunos comparan con el Opus Dei, dueño de una red internacional de centros de enseñanza y con mucha influencia entre funcionarios de justicia y policía en Turquía, que fue hasta hace poco un aliado del primer ministro, Recep Tayyip Erdogan.

Para Erdogan, que se autodefinió como "fiscal" en este juicio, Ergenekon fue el culmen de su larga pugna contra la costumbre del Ejército de influir en la vida política, muchas veces mediante la fuerza, en la historia moderna de Turquía.

Ahora, el Gobierno ha aplaudido las puestas en libertad como una decisión acertada.

La oposición interpreta que el Gobierno, al considerar que Gülen es un peligro, ha cambiado de actitud y ha enterrado el hacha de guerra ante los militares, señalando a la Justicia como responsable de unas condenas que provocaron un enorme descontento en las Fuerzas Armadas.

Una Justicia que llevaba tiempo bajo influencia de la red Gülen, pero siempre con el visto bueno de Erdogan, según denuncia la oposición.

"El primer ministro se dio cuenta de que el movimiento Gülen se había convertido en un peligro para él, debido a su control sobre la judicatura y la Policía, y puso en la mira a la red Gülen dentro del aparato del Estado", explica a Efe Ilhan Cihaner, antiguo fiscal y diputado del CHP, el principal partido de la oposición.

El Gobierno ha acusado a Gülen de haber orquestado la investigación por corrupción que, desde diciembre, ha obligado a dimitir a cuatro ministros de Erdogan, y de estar usando a sus militantes en la Justicia y la Policía para derrocar al Ejecutivo.

La liberación de los condenados por golpismo ha sido posible gracias a recientes cambios legales impulsados por el Ejecutivo, que redujeron de 10 a 5 años el periodo de encarcelamiento sin juicio y eliminaron los tribunales especiales que llevaban casos como Ergenekon.

Según Cihaner, esas enmiendas estuvieron políticamente motivadas y demuestran que la Justicia turca está sometida a presiones y controles de todo tipo.

"En estas puestas en libertad vemos como los tribunales y la judicatura están influidos por el Gobierno, que están politizadas", denunció Cihaner.

Este diputado criticó que el mismo Gobierno que se mantuvo en silencio cuando se presentaban "documentos falsos y testigos que eran sospechosos" en el caso Ergenekon, ahora "descubre que esos procesos no fueron justos", simplemente por la lucha que mantiene con Gülen por el control de la Justicia.

Según Cihaner, los intentos del Gobierno de arrebatar a Gülen el control de la Justicia ha traído el caos a los tribunales y tenido un efecto perverso.

Aunque reconoce que los cambios legales han servido para poner en la calle a gente que tendría que haber sido liberada hace años, también ha provocado que "asesinos que fueron capturados cuando cometían sus crímenes sean liberados también".

Entre ellos, se cuenta un sospechoso del asesinato del periodista turco-armenio Hrant Dink o un responsable policial acusado de organizar comandos de la muerte.