Libertad provisional para Crespo con obligación de comparecer semanalmente

  • El titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha acordado hoy la libertad provisional del expresidente de Emarsa, Enrique Crespo, quien deberá comparecer ante el juzgado todos los jueves y siempre que sea requerido para ello.

Valencia, 15 mar.- El titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha acordado hoy la libertad provisional del expresidente de Emarsa, Enrique Crespo, quien deberá comparecer ante el juzgado todos los jueves y siempre que sea requerido para ello.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha difundido hoy la parte dispositiva del auto dictado por el magistrado instructor del caso, Vicente Ríos, cuyo contenido íntegro sólo se le ha comunicado hasta ahora al imputado, Enrique Crespo.

En la resolución judicial, Ríos acuerda la "libertad provisional" del ex alcalde de Manises y le obliga a comparecer todos los jueves ante el juzgado, así como a acudir ante él siempre que se le requiera sin poder realizar ningún cambio de domicilio sin notificación.

Asimismo, el juez también reclama al Jefe Superior de Policía que "verifique" que no se ha expedido ningún otro pasaporte al imputado, después de que Crespo entregara ayer un pasaporte caducado en el juzgado.

El auto recuerda que en caso de incumplimiento de cualquiera de estas medidas sin causa "justificada y comunicada", podría reformarse la medida cautelar pudiendo adoptar otras como la prisión provisional.

El magistrado ha adoptado esta medida tras la comparecencia celebrada ayer con las partes, a la que asistió el propio Crespo, para debatir sobre la petición de la acusación particular (PSPV) de acordar contra él la libertad provisional con la comparecencia semanal en el juzgado y la retirada de su pasaporte.

Enrique Crespo se encuentra imputado en la causa que investiga el juzgado número 15 de Valencia por un presunto agujero económico de 25 millones de euros en la gestión de la depuradora de Pinedo por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos continuado, falsedad documental y cuatro delitos contra la hacienda pública.

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