Bogotá, 3 oct.- Un fiscal colombiano de derechos humanos llamó a declarar a un exministro de Defensa y a dos antiguos mandos militares dentro de una investigación por la matanza de ocho vecinos de una comunidad de paz, dijeron hoy fuentes judiciales de Bogotá.
Un portavoz de la Fiscalía General confirmó a Efe que los convocados a la diligencia son el extitular de Defensa Jorge Alberto Uribe Echavarría y los generales en retiro Carlos Alberto Ospina y Reinaldo Castellanos.
Los tres deberán ofrecer declaraciones sobre los hechos de febrero de 2005 en los que fueron asesinados cinco adultos y tres niños de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en el departamento de Antioquia.
Un bebé de año y medio de nacido y una niña de 5 años hacen parte del grupo de víctimas, que fueron asesinadas el 21 de febrero de 2005 en dos sectores de su asentamiento, conformado por antiguos desplazados que se declararon neutrales ante el conflicto interno.
La fuente de la fiscalía aclaró que la convocatoria a Uribe Echavarría, Ospina y Castellanos no significa que los tres hayan sido vinculados con el proceso judicial, que es seguido por la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
El fiscal del caso los citó para "una cuestión absolutamente rutinaria en un proceso judicial", que es la de que hablen sobre lo que conocieron de la matanza.
El crimen masivo lo cometieron paramilitares de la desaparecida organización Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que servían de guías a unidades militares de la región, según la investigación de la fiscalía, cuyas pesquisas han llevado ya a condenas de varios implicados, entre miembros del grupo de extrema derecha y uniformados.
Por la época de los hechos, Castellanos era el comandante de las Fuerzas Militares, mientras que Ospina tenía el mismo cargo en el Ejército Nacional, en ambos casos durante el comienzo del segundo mandato del entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010).
El Ejecutivo atribuyó en un principio esta matanza a guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), mediante un informe que divulgó de manera profusa en las páginas web gubernamentales y de los organismos de seguridad.
El documento fue descolgado una vez que las investigaciones de la fiscalía concluían que los responsables fueron paramilitares en "connivencia" con militares.
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