Llamazares (iu) pregunta si los policías que se excedan con los manifestantes serán sancionados

El diputado de IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural Gaspar Llamazares ha preguntado por escrito al Gobierno qué medidas piensa incluir “para sancionar excesos policiales contra ciudadanos que ejerzan el derecho de manifestación”.
Así consta en una pregunta a la que tuvo acceso Servimedia y que Llamazares ha formulado en el Congreso de los Diputados al Gobierno para que se la responda por escrito, en relación a la posible prohibición de difusión de imágenes de policías en el ejercicio de su profesión.
Llamazares presentó esta iniciativa después de que el director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, manifestara su intención de modificar la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana para impedir la “captación, tratamiento y difusión en internet” de tales imágenes.
“¿Qué miedo hay a que se grabe la actuación policial si los agentes cumplen la ley?”, inquiere Llamazares, para quien la prohibición de fotografiar a policías “en ningún caso” puede provocar “indefensión a los ciudadanos ante posibles abusos policiales”.
En este sentido, añade que “debe prevalecer el derecho de los ciudadanos a poder conocer cuáles son las actuaciones de las Fuerzas de Seguridad y alegar cualquier desproporción de la actuación policial”.
Este diputado de IU señala que difundir imágenes de excesos policiales en internet es “algo usual en todos los países democráticos, incluidos los EEUU”, donde hay imágenes “admitidas como pruebas en sede judicial”.
“¿Podría el Gobierno elaborar un informe jurídico comparativo con las democracias de nuestro entorno para conocer cómo se aborda en las mismas estas cuestiones antes de hacer declaraciones voluntaristas?”, sugiere este diputado de IU.
Para Llamazares, “Interior se adjudica el papel de juez y censor para decidir qué material se puede grabar o colgar en la red y cual no”. Asimismo, recuerda que las palabras de Cosidó hay que sumarlas a las que hizo en su día el Ministro del Interior en abril de 2012, cuando planteó una reforma del Código Penal para perseguir la convocatoria de manifestaciones a través de redes sociales.
“Es evidente que el Gobierno ha puesto el punto de mira en las movilizaciones ciudadanas, hasta el extremo de que la asociación de Jueces para la Democracia ha denunciado el carácter represor de una reforma que supone un retroceso en las libertades”, dice Llamazares.