Los condenados del "juicio del siglo" en Brasil sufren sus primeros reveses

Eduardo Davis

Brasilia, 14 ago.- La Corte Suprema de Brasil rechazó hoy los primeros recursos presentados por los 25 condenados del llamado "juicio del siglo" en Brasil, referido a corruptelas denunciadas en 2005, durante el primer mandato del entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El Supremo comenzó el análisis de las últimas apelaciones que le caben a los reos y las rechazó una a una, aunque aún resta que sean debatidas otras decenas de recursos presentados por las defensas de los 25 condenados, que fueron juzgados el año pasado y recibieron penas que suman cerca de 280 años de cárcel.

El caso se refiere a un red de corrupción tejida en 2002 por el Partido de los Trabajadores (PT, en el poder), una vez que ganó por primera vez las elecciones el ahora exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva, antecesor y padrino político de la presidenta Dilma Rousseff.

La corte juzgó el asunto el año pasado y consideró probado que esa red sirvió para financiar campañas en forma ilegal y para sobornar a dirigentes de otros cuatro partidos, a fin de formar la mayoría parlamentaria que Lula no había obtenido en las urnas.

Por este caso han sido condenados 25 políticos, empresarios y banqueros, entre quienes figuran importantes dirigentes del PT en la época, como José Dirceu, entonces ministro de la Presidencia y considerado como la "mano derecha" de Lula.

Los recursos que comenzaron a ser juzgados hoy se refieren a asuntos de carácter técnico, como supuestas omisiones en el proceso, unas alegadas contradicciones en las penas y justificativas de las condenas que los abogados defensores consideraron poco claras.

En las próximas sesiones serán analizadas diversas apelaciones que piden desde la reducción de las penas aplicadas a algunos de los reos hasta la celebración de un nuevo juicio en otros casos.

Los castigos aplicados en la fase procesal varían desde los dos años de prisión que recibió el ex diputado José Borba, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), hasta los 40 años que le fueron dictados al publicista Marcos Valerio Fernandes, que puso dos de sus empresas al servicio de la red de corruptelas.

Los debates comenzaron con una fuerte condena a la corrupción y a la forma en que se ejerce la política en el país, que según dijo el magistrado Roberto Barroso, quien se incorporó a la corte este mismo año, es uno de los "gérmenes" del agudo malestar social que se expresó durante las masivas protestas de junio pasado.

"Este juicio supuso no sólo la condena de personas infractoras, sino también la condena del propio sistema político", que es "incapaz de satisfacer las ansias de la sociedad", aseguró Barroso.

El magistrado fue el primero en tomar la palabra en el reinicio del proceso conocido en la jerga jurídica como "Acción Penal 470" y comenzó "felicitando" al tribunal por haberle "devuelto a la sociedad algo de la confianza en la justicia".

Barroso rechazó los primeros recursos presentados por las defensas y fue duro con la clase dirigente del país.

Aseguró que "la sociedad brasileña está cansada de cómo se hace política en el país" y sostuvo que ese "sentimiento" fue "palpable" durante las protestas que estremecieron a Brasil durante las dos últimas semanas de junio pasado.

Criticó el "papel central del dinero como consecuencia del costo astronómico de las campañas" políticas y afirmó que "una campaña de un diputado puede costar cuatro millones de reales (1,7 millones de dólares)", cuando su salario será inferior a 20.000 reales (8.600 dólares) por mes.

"De ese modo, un diputado que tiene un mandato de cuatro años no puede ganar el dinero que invirtió en la campaña, lo que convierte a la política en un negocio, en una búsqueda voraz de recursos", dijo el magistrado.

Según los cálculos del propio tribunal, para juzgar todos los recursos que han sido presentados por los abogados de los 25 reos condenados serán necesarias al menos seis audiencias, que serán celebradas dos veces por semana.