Los dos etarras detenidos en Bélgica tienen cinco causas abiertas en España

Ventura Tomé Queiruga y Javier Aguirre Ibáñez, detenidos en Bélgica el pasado 4 de noviembre por su vinculación con la organización terrorista ETA, tienen cinco causas abiertas en la Audiencia Nacional, que les reclama en virtud de sendas órdenes europeas de detención y entrega (OEDE), según informaron fuentes jurídicas.

El etarra Tomé Queiruga tiene que cumplir una condena de 17 años de cárcel por intentar asesinar a dos guardias civiles el 3 de abril de 1985 en Navarra, y otra de 22 años de cárcel por causar daños terroristas al colocar entre 1983 y 1984 varios artefactos explosivos en las localidades de Egea de los Caballeros (Zaragoza), Estella y Sangüesa (Navarra).

Además, las citadas fuentes han explicado que el terrorista tiene una tercera causa abierta en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional por un delito de pertenencia a banda armada.

La Fiscalía belga ha apelado este jueves la decisión dictada por un juez de Primera Instancia de la Cámara del Consejo de Bruselas por la que rechazó la extradición de Tomé Queiruga a España tras argumentar que las autoridades españolas sólo han remitido el texto de la euroorden y no la documentación española del caso. De igual modo, alegó un defecto de forma por la falta de concordancia entre las fechas del texto de la euroorden y de su traducción al francés. Violencia callejera

El segundo detenido, Javier Aguirre Ibáñez, está imputado por dos jueces de la Audiencia Nacional por sendos actos de violencia callejera. Fernando Andreu le investiga desde 2006 por un delito de daños terroristas y tenencia de explosivos, mientras que Eloy Velasco tiene una causa abierta desde 2000 por daños terroristas y tenencia de sustancias inflamables e incendiarias.

Los dos fueron detenidos el 4 de noviembre en un apartamento que Aguirre Ibáñez había alquilado en Bruselas con documentación falsa. Este último permanece en prisión preventiva a la espera de que la Justicia belga decida si abre un juicio de acuerdo por los delitos de falsedad documental y de identidad, castigados con hasta cinco años de cárcel.