Los expertos aseguran que Cultura sigue teniendo la última palabra en el cierre de páginas web

"No cuela", "reforma de seda" o "requerimiento insuficiente" son los calificativos con los que se han recibido entre los expertos y usuarios de Internet los cambios que pretende introducir el Gobierno en el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible para bloquear aquellas páginas webs donde se puedan realizar descargas ilegales.

Según publica hoy el diario El País, el nuevo modelo que aprobará el Consejo de Ministros el próximo viernes permitirá "el bloqueo de las páginas o la retirada de contenidos ilícitos por un procedimiento rápido -menos de un mes- a propuesta de la Comisión de la Propiedad Intelectual, pero con autorización judicial previa". Es decir, que el Ministerio de Cultura mantiene esta comisión de expertos, que tendrá potestad para pedir una autorización judicial para bloquear una web. Pero el juez decidirá sólo si este organismo "es pertinente para pedir la suspensión, y que con ésta no se vulnera algún derecho fundamental".

No decidirá, según reconoce el propio artículo, sobre "el fondo del asunto" es decir, "si la página web vulnera o no la ley -en este caso la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI) y la Ley de Propiedad Intelectual (LPI)-", aspecto que tendrá que dirimirse por los cauces ordinarios de la Justicia.

Es precisamente este punto -que el juez sólo decida sobre si la denuncia de la Comisión dependiente del Ministerio de Cultura está fundamentada o no y si se vulneran derechos fundamentales-, lo que lleva a expertos como David Bravo, abogado especialista en Derecho Informático y Propiedad Intelectual, a concluir que nada cambia respecto a la redacción inicial de la disposición adicional de la Ley de Economía Sostenible, que permitía a esta Comisión cerrar páginas web sin autorización judicial.

El juez, según publica Bravo en su blog, "se limitará a dirimir si la web está ejerciendo ciertos derechos fundamentales que podrían verse afectados en el procedimiento. Si el juez entiende, por ejemplo, que las webs de enlaces no suponen un ejercicio de un derecho de libertad de expresión o información -lo que es fácil que suceda y que es radicalmente distinto a determinar que la web sea ilícita- el asunto quedaría automáticamente en manos de la comisión del Ministerio de Cultura que será quien decida si esta web infringe derechos de propiedad intelectual y, por lo tanto, si debe o no cerrarse según su propio criterio". O sea que Cultura siempre tendría la última palabra ante el cierre de una página web.

Bravo: "el procedimiento no será más rápido"

Además, Bravo apunta que el nuevo procedimiento para tomar medidas cautelares contra un sitio de Internet donde se esté atentando contra la Propiedad Intelectual "no será más rápido" que el que se sigue actualmente, ya que la Ley de Enjuiciamiento Crimimal permite tomar medidas cautelares incluso antes de poner la demanda y se adopten incluso sin oír al demandado. "Os pongo un ejemplo real de puesta en práctica de algunas de estas facultades para acelerar plazos para la obtención de medidas cautelares. SGAE presenta una demanda el 20 de Enero de 2009 contra las página webs de enlaces Etmusica.com y Elitemula.com pidiendo el cierre cautelar de las mismas sin audiencia del demandado. El 12 de Marzo de ese mismo año, esto es, menos de dos meses después de la solicitud, el juez acuerda el cierre de la web (auto que después revocó ordenando su reapertura tras la oposición del demandado)."

Julio Alonso, director general de Weblogs y reputado blogger, pone el acento sobre otro punto: el hecho de que el nuevo procedimiento se introducirá a través de un reglamentoy no en la disposición adicional de la Ley de Economía Sostenible, que según se filtró el pasado mes de diciembre, es donde se recogía la potestad de la Comisión dependiente del Ministerio de Cultura para cerrar páginas web sin autorización judicial."El problema fundamental de esto es que un reglamento no pasa por el Parlamento, se aprueba (o se cambia) en el ministerio o en consejo de ministros. No se pueden introducir medidas que permiten vulneraciones de derechos fundamentales y añadir las garantías en una norma de rango menor. Mientras no se elimine la disposición adicional, o al menos se introduzcan en ella todas las garantías de tutela judicial, el resto es papel mojado, palabras que se lleva el viento", asegura Alonso en su blog.

"El juez no decidirá sobre el fondo del asunto"

Para este experto en Internet, que fue uno de las personas que se reunió con la ministra de Cultura para defender los intereses de los usuarios, el Gobierno pretende "presentar un procedimiento en el que sí interviene un juez" pero para "salvar la comisión de propiedad intelectual y su proyecto de ley. Pero no cuela" porque, en su opinión, el juez "no decidirá sobre el fondo del asunto" -el cierre de la página web- sino si "hay legitimación" para que la Comisión de Propiedad Intelectual pueda pedir su cierre cautelar.

Por su parte, la Asociación de Internautas (AI) cree "insuficiente" el requerimiento de una autorización judicial para el cierre de las páginas web, ya que -en palabras de su presidente, Víctor Domingo, una "autorización judicial es distinto a una resolución"."Una autorización da pie a todo tipo de interpretaciones y consecuencias" y "se da a un agente facultado para que haga no se sabe qué cosas", aseguró Domingo en declaraciones a Servimedia.

Además, denunció que con este tipo de medidas "se da por hecho que el intercambio de archivos es un delito". "Se considera una actividad delictiva cuando ningún juez ha dicho que lo sea", añadió.

El Ministerio de Cultura no ha querido ni confirmar ni desmentir la noticia publicada hoy por El País. Simplemente aseguran que este viernes el Consejo de Ministros decidirá "sobre la fórmula" para hacer frente a las descargas ilegales en Internet en el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible.