Los frentes abiertos del Gobierno en la reforma laboral

Al Gobierno se le está atragantando la reforma laboral. Su aprobación se ha retrasado en varias ocasiones durante las últimas semanas, pero parece que su llegada definitiva ya tiene una fecha límite, al menos, para el presidente del Gobierno. Según ha anunciado Zapatero, el próximo 16 de junio ya contaremos con una reforma laboral, con o sin acuerdo entre el Ejecutivo, los sindicatos y la patronal de empresarios.

Tanto Toxo (de CCOO)como Méndez (de UGT) y Díaz Ferrán (de la patronal) parecen tener claro lo que quieren, por lo que parte de la presión la soportan los hombros del Gobierno, que si no quiere aprobar la reforma laboral en solitario, y por decreto, tendrá que contentar a las otras dos partes.

En este sentido, el Ejecutivo no puede apostar por unas condiciones muy duras, para que los sindicatos convoquen movilizaciones generales. Pero tampoco puede decantarse por una reforma 'descafeinada', porque correría el riesgo de que no ser efectiva y de, según IESE Business School, dar mala imagen de cara al exterior.

Para evitar cualquiera de estos dos escenarios, el Ejecutivo se tendría que poner de acuerdo con los agentes sociales en varios 'puntos calientes', algo que, de momento, no parece ser posible.

Uno de los frentes que se mantiene abierto es, por ejemplo, el contrato con despido de 33 días de indemnización, un tipo de contrato que el Gobierno pretende impulsar y que los sindicatos no quieren tocar, porque consideran que "está generalizado y, por eso, no hace falta alterarlo".

Sin embargo, la medida sí que cuenta con el apoyo de la patronal, ya que el uso de este tipo de contratos abarataría los despidos. Otro de los polémicos puntos en el que el Gobierno cuenta con el apoyo de los empresarios es el que está vinculado a las razones del despido procedente. Según el proyecto que plantea el Ejecutivo, al empresario "le bastará con justificar una mala situación económica en su empresa para prescindir de personal de manera justificada".

Pero parece que Zapatero también quiere ganar puntos de cara a los sindicatos. Por ello, tiene pensado, entre otras medidas, limitar el contrato por obra a dos años o la introducción del modelo alemán de reducción de jornada, basado en que, si una empresa va mal, tenga la opción de reducir las horas de trabajo de los empleados en vez de despedirlos. Si se diera este caso, la plantilla vería compensado su salario con prestaciones públicas.

Como medida intermedia, el Gobierno pretende reestructurar las bonificaciones a las empresas para impulsar el empleo juvenil (que ya alcanza los 1,6 millones), así como eliminar algunas limitaciones de las empresas de trabajo temporal (ETT).

Con todo, el pasado jueves 3 de junio, el ministerio de Trabajo, los sindicatos mayoritarios y la patronal enviaron un comunicado conjunto en el que las tres partes aseguraron que hay "avances en algunas de las materias que están siendo objeto de negociación". Además, indicaron que habrá otro encuentro "en los próximos días con el objetivo de acercar posiciones y alcanzar un acuerdo".