Los inspectores piden que el director de la agencia tributaria se nombre por periodos de cinco años, con causas de destitución reguladas

La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) destacó este lunes la necesidad de que el Estatuto de la Agencia Tributaria, en la que el Gobierno trabaja, garantice la “independencia” y “estabilidad” de la organización.
Por ello, proponen que el director general sea nombrado por el Parlamento, por mayoría cualificada de dos tercios, por un periodo de cinco años, renovable por otros cinco, y con causas de destitución reguladas.
Así lo explicó en rueda de prensa el presidente de la organización, Julio Ransés Pérez Boga, quien apuntó que en los últimos meses la Agencia Tributaria “se ha visto en entredicho” tras la publicación de informaciones “terribles”, por lo que “se debe dar una respuesta clara y contundente”.
Desde IHE denunciaron que una cuestión que incide en el funcionamiento de la Agencia Tributaria y su “baja” eficacia en la lucha contra el fraude se encuentra la cantidad de puestos “pseudos-directivos” existentes y su modo de nombramiento.
Pérez Boga explicó que en 21 años la Agencia Tributaria ha tenido 11 directores generales, y que cada vez que se nombra a uno nuevo supone una cascada de cambios que afecta a unos 200 ó 250 puestos.
El organismo, subrayó, “ha cambiado de raíz 11 veces, más de un cambio cada dos años”, lo que es “terrible para la estabilidad” de una organización.
En esta materia, piden que se regule de modo limitativo los puestos directivos y que los cargos los ocupen funcionarios del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda, designado en base a principios de mérito y capacidad, experiencia e idoneidad, mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia.
Además, apuestan por que sean cargos sujetos a evaluación, responsabilidad y control de los resultados, con incentivos al rendimiento.
En materia de retribuciones y relacionado con la carrera administrativa y de las condiciones de trabajo, señalan que los complementos específicos deberán fijarse por resolución del director general y los de productividad vendrán dados por la consecución de objetivos fijados a los equipo a los equipos de trabajo.
La cuantificación de este incentivo quedará a expensas de los métodos de evaluación del desempeño, combinados con las disponibilidades presupuestarias.
Pérez Boga apuntó que se trataría de un sistema “blanco y totalmente transparente, que retribuya el esfuerzo y la dedicación”, con la fijación de un límite porcentual con respecto al salario, que podría oscilar entre un 30% o 40%. .
PAGO A CONFIDENTES
La organización reclama nuevas facultades legales de la Agencia Tributaria, que pasan por recuperar las competencias de control sobre las sicav o poder realizar actuaciones sin conocimiento del obligado tributario.
Entre las propuestas se encuentran también el pago a confidentes, pues consideran que la Agencia debe disponer de fondos para el pago de informaciones confidenciales de las que se deriven el afloramiento o recuperación de cuotas defraudadas, y comprar datos tributarios.
El presidente de IHE explicó que se pide una figura similar a la que utiliza el Ministerio del Interior para la Policía o Guardia Civil.
Otra de las iniciativas que creen necesarias es la publicidad de morosos y defraudadores, con el diseño de un censo de condenados por delito, sancionados y deudores, en el figure el nombre, el NIF y el importe pendiente de pago, entre otros aspectos.
En otro orden de cosas, apuestan por que la Agencia Tributaria se “autofinancie”, lo que podría lograrse, entre otras cosas, con el 18% de sus actos de liquidación y gestión recaudatoria, el cobro de determinados servicios prestados para otros órganos y administraciones y por la participación de los funcionarios en procesos concursales o judiciales, y los rendimientos de los bienes y valores que constituyan su patrimonio.
“LÍNEAS ROJAS”
Los inspectores de Hacienda consideran que hay que marcar unas “líneas rojas” en la gestión de los impuestos, y apuestan por un sistema de información único, una caja única para la gestión e ingreso de las retenciones, el control de las actividades económicas y una gestión unitaria de los impuestos sobre el consumo.
Además, la organización propone el impulso de una “Agencia Tributaria única en red”, con la concentración de todas las funciones tributarias en una única administración especializada, y la creación de una Oficina Nacional Antifraude, que asuma las competencias de investigación de fraude fiscal organizado, contrabando y blanqueo de capitales, y de auxilio judicial.
Por otra parte, piden que se ponga en marcha una policía fiscal, se cree un órgano de recaudación único para todas las administraciones, que se integre el Catastro en la Agencia Tributaria, se impulse la figura del Defensor del Contribuyente, un Consejo Social y una Oficina Nacional de Evaluación Tributarias.