Ankara, 10 ene.- El Consejo Supremo de Jueces y Fiscales de Turquía (HSYK) denunció hoy como anticonstitucionales los planes del Gobierno islamista de poner ese órgano judicial bajo su control como reacción al más reciente escándalo de corrupción.
Con la enmienda propuesta, el HSYK quedaría "ligado al ministerio de Justicia", por lo que estos cambios "van en contra de la Constitución y en contra de la independencia de las instituciones", señalan los jueces y fiscales.
Su declaración, de 66 páginas, se presentó pocas horas antes del inicio hoy de un debate en el Parlamento de Ankara sobre la propuesta de reforma del Consejo.
"La propuesta (del Gobierno) convierte a los miembros del Consejo en individuos dependientes de la administración", concluye la declaración publicada en Ankara.
El HSYK es el órgano judicial responsable de nombrar y destituir a personas que trabajan en la judicatura del país eurasiático.
No solo este Consejo sino también todos los partidos de la oposición aseguran que las enmiendas previstas por el Gobierno tienen la única intención de que sea el ministerio de Justicia la única autoridad con poderes para nombrar a jueces y fiscales.
El gobernante partido de Justicia y Desarrollo (AKP) dispone de una cómoda mayoría absoluta en la Cámara para adoptar la reforma.
El diputado del opositor partido Republicano del Pueblo (CHP) y antiguo fiscal superior del Estado, Ilhan Cihaner, manifestó hoy en unas declaraciones a Efe en Ankara que "la reforma viola definitivamente la Constitución".
"Incluso si adoptan la reforma, y para ello tienen la mayoría parlamentaria, la iniciativa será devuelta al Tribunal Supremo. Pero mientras tanto, la ley entrará en vigor y el Gobierno podrá hacer lo que quiere. Creo que ese es su plan", aseguró.
Turquía vive desde mediados de diciembre una batalla entre el Gobierno del primer ministro, el islamista Recep Tayyip Erdogan, y el poder judicial a causa del escándalo de corrupción que salpica a personas muy cercanas al Ejecutivo y que ha causado la dimisión de cuatro ministros.
El Gobierno está presionando a la Justicia turca, donde trabajan muchos seguidores del movimiento islamista de Fethullah Gülen, un exaliado de Erdogan, pero que ahora está enfrentado al primer ministro y su administración.
El ministro turco de Justicia, Bekir Bozdag, que es el presidente del HSYK, había dicho ayer que el Consejo no debería emitir declaraciones de ese tipo sin contar con su visto bueno.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios