Madrid, 15 nov.- La Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP) ha urgido hoy al Gobierno a trasferir las competencias de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas, al considerar que la crisis económica ha constatado que el Ministerio del Interior no es suficiente para soportar el gasto.
Así lo ha puesto de manifiesto el presidente de la SESP, Antonio López Burgos, en una rueda de prensa en la que ha presentado el I Congreso Internacional de esta Sociedad, que se celebra en Madrid del 15 al 17 de noviembre y al que está previsto que asistan 500 profesionales sanitarios de distintos países.
López Burgos ha recordado que, según datos de Instituciones Penitenciarias, de los cerca de 70.000 reclusos que hay en España, el 6,3 por ciento ingresa en prisión con el virus del VIH y el 22,4 por ciento con Hepatitis C.
Por encima de estas patología ha destacado que la "gran epidemia" que, a su juicio, sufren los presos son las enfermedades mentales, ya que el 40 por ciento de ellos padece algún trastorno de este tipo.
"Desgraciadamente, la situación actual no permite contar con muchas colaboraciones de especialistas en psiquiatría, que serían muy importantes para llegar al buen fin de los tratamientos", ha afirmado el presidente de la SESP.
En este sentido, ha destacado que la crisis económica ha demostrado que el Ministerio del Interior -que es el competente en materia penitenciaria- "no es suficiente para soportar el gasto y el número de personal necesario para atender las prisiones españolas".
La solución para López Burgos pasa por trasferir las competencias de la salud penitenciaria a las distintas comunidades autónomas, como ya ha ocurrido en el País Vasco, donde el problema, según ha dicho, se ha resuelto.
"No entendemos que una sanidad esté incrustada en un Ministerio, que la mayor preocupación que puede tener es la seguridad", ha insistido el presidente de la SESP, quien ha añadido que la situación económica les aboca a una situación de "colapso".
Ha destacado que la obligación de las autoridades es ofrecer a los ciudadanos una sanidad en igualdad de condiciones para todos "sean presos o estén en libertad".
El presidente del Comité Organizador del Congreso, Fabio Sternberg, quien también ha intervenido en la rueda de prensa, ha sostenido que las comunidades autónomas también deben hacerse cargo de aquellos casos que sean "inimputables" y necesiten ciertas medidas de seguridad.
"Es otra de las incongruencias del sistema, ¿por qué una persona que es inimputable está en un hospital psiquiátrico penitenciario?" se ha preguntado el presidente de la SESP, quien respondiéndose a sí mismo ha señalado: "probablemente porque no tienen otro sitio donde derivarle".
Sobre este aspecto, López Burgos, que ha indicado que el gasto farmacéutico en las cárceles españolas ronda los 35 millones de euros, ha advertido de que las prisiones "no son el mejor lugar" para que estos enfermos reciban los tratamientos.
Por otra parte, el presidente del comité organizador del Congreso también ha alertado del "alto riesgo" de suicidio entre los reclusos, si bien España tiene una tasa de cuatro suicidios por cada diez mil presos, mientras que la media europea se sitúa en 14 por cada diez mil reclusos.
Aunque el presidente de la SESP es de la opinión de que la sociedad, a través de las organizaciones y distintos colectivos, hace un esfuerzo para que la población reclusa no sea discriminada, ha señalado que aún persiste el pensamiento de que éstos no tienen los mismos derechos que el resto de la ciudadanía. EFE
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