Madrid.- El Congreso de los Diputados debatirá el martes las propuesta de CiU y ERC de reformar de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (TC) para que los magistrados que cumplan su mandato sólo permanezcan en funciones un periodo máximo de seis meses, evitando así que se paralice la institución.
Los nacionalistas catalanes consideran que fijando un límite temporal a dicho mandato se evitarían situaciones de crisis como la que en la actualidad sufre el Tribunal Constitucional, donde cuatro de los doce magistrados que lo componen, entre ellos, la presidenta, María Emilia Casas, están en funciones desde el 17 de diciembre de 2007.
Además de Casas, debían haber sido ya sustituidos el vicepresidente del TC, Guillermo Jiménez, y los magistrados Vicente Conde y Jorge Rodríguez-Zapata, a lo que hay que sumar la necesidad de cubrir la vacante dejada por el fallecimiento el 18 de mayo de 2008 del magistrado Roberto García Calvo.
CiU recuerda en su proposición de ley que la Constitución prevé la designación de los miembros del Tribunal Constitucional por un periodo de nueve años, plazo que se ha visto ampliamente superado a consecuencia de la "incapacidad de recabar las mayorías parlamentarias necesarias".
Esta situación ha derivado, a juicio de Convergencia i Unió, en "una profunda crisis de funcionamiento" del Tribunal Constitucional que "está afectando muy gravemente a su credibilidad".
Por eso, CiU y ERC proponen que se limite a un periodo máximo de seis meses el tiempo que los miembros del TC pueden permanecer en funciones y que, además, transcurrido ese plazo, los magistrados pendientes de renovación no puedan adoptar acuerdos en el pleno o en las salas de las que formen parte.
Otra modificación que pide Esquerra Republicana es que se impida que el presidente del TC pueda renunciar al uso del voto de calidad, una potestad que tiene actualmente María Emilia Casas y que podría utilizar en el caso de la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña, pendiente desde hace más de tres años.
Aunque ERC no cita directamente el Estatut, sí dice en su proposición de ley que la presidencia del TC incluye entre sus responsabilidades la de garantizar que se emiten las sentencias en un plazo de tiempo razonable, sin que pueda considerarse como excusa dilatoria ni que pueda favorecer la "parálisis" del Alto Tribunal la eventual ausencia de mayorías en su seno.
Por último, Esquerra Republicana pide que no sea causa de abstención ni de recusación de un magistrado el que éste haya publicado estudios académicos con anterioridad a su nombramiento sobre el pleito o la causa, aunque hayan sido por encargo de alguna de las partes del procedimiento.
Esta medida evitaría situaciones como la del magistrado Pablo Pérez Tremps, recusado por el PP y apartado de la deliberación en el recurso contra el Estatuto de Cataluña por haber realizado unos informes jurídicos para la Generalitat catalana.
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