Los parlamentarios rumanos blindan su inmunidad

Raúl Sánchez Costa

Bucarest, 31 ene.- Investigar, detener y procesar a los parlamentarios rumanos será ahora más difícil, tras una reforma legal que aumenta el blindaje de su inmunidad y ante la que la propia Comisión Europea acaba de reaccionar con recelos.

La reforma del estatuto de los parlamentarios aprobada la semana pasada protege a los senadores y diputados de los dictámenes de la Agencia Nacional de Integridad (ANI), competente hasta ahora para declarar la incompatibilidad o el conflicto de interés de sus señorías, lo que suponía su cese y el fin de su inmunidad.

Ahora, ya no basta con el parecer de este órgano, sino que debe ser la propia Cámara la que dé el visto bueno a levantar la inmunidad y facilitar la investigación sobre el parlamentario afectado.

"Ahora se ha logrado limitar el impacto de las decisiones de la ANI, que pasan a ser irrelevantes", señaló a Efe el especialista en Derecho Constitucional, Ioan Stanomir.

Este blindaje llega justo cuando Bruselas acaba de publicar un nuevo informe sobre el avance de Rumanía en materia de transparencia en el que se insiste en que el sistema judicial adolece de independencia, en un país donde la corrupción está enquistada en la clase política.

"Se incumple con el principio de igualdad frente a la ley, puesto que puede haber condenas pero se dificultan los registros, arrestos y detenciones, por lo que se impide el desarrollo de la investigación", alerta Stanomir.

Desde Bruselas, el portavoz de la CE, Mark Gray, manifestó también ayer sus dudas sobre cómo encaja esta nueva norma en los avances de Bucarest para mejorar la justicia y luchar contra la corrupción.

"La CE aprecia algunos progresos, pero aparecen algunos problemas. Por una parte, existe un nuevo estatuto y, por otra parte, hay otros reglamentos. Hay algunas preguntas que se tienen que tomar en consideración respecto al problema del estatuto y la inmunidad de los parlamentarios", reconoció Gray.

De hecho, en su informe, publicado ayer, Bruselas pide justo a los parlamentarios y ministros del país que den "ejemplo en términos de respeto e integridad".

Al menos 23 parlamentarios que están siendo investigados por corrupción o que esperan una sentencia definitiva se pueden beneficiar de esta modificación que obstaculiza las pesquisas de la Fiscalía, que tiene que justificar ahora los motivos por los que solicita que un legislador pierda su inmunidad.

Con la nueva norma, la policía y los fiscales no pueden ni registrar ni interrogar a los parlamentarios hasta que la Cámara correspondiente así lo apruebe, una aprobación para la que ni siquiera se establece un plazo temporal.

Incluso en el caso de que una sentencia firme establezca que el legislador ha incurrido en un conflicto de intereses o una incompatibilidad de su cargo, el cese de funciones sólo dura seis meses, periodo tras el que el senador o diputado recupera su inmunidad y su cargo.

Stanomir plantea que, en el caso de un parlamentario sea condenado a una pena superior a esos seis meses, recuperaría los privilegios de su cargo aún mientras está cumpliendo condena

"¿Será parlamentario desde la prisión"? ¿Dejará su cargo?", se planteó este experto en Derecho.