Los policías tenían orden de no utilizar pelotas de goma el 22M por la presencia de observadores

Los agentes que formaban parte del despliegue policial en la "Marcha por la Dignidad" del pasado sábado en Madrid reconocen que tenían órdenes expresas de no utilizar pelotas de goma debido a la presencia de observadores de la OSCE, la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. Este organismo se encarga de velar por el respeto a los derechos humanos y la libertad de manifestación en sus Estados miembros. Desde el Sindicato Unificado de Policía, su portavoz Miguel Ángel Fernández, confirma a este periódico que "en una reunión previa con mandos intermedios se les dieron instruccioens para intentar no cargar. La orden exacta fue: hay que aguantar. Y eso implicaba no utilizar pelotas de goma". Como consecuencia, explica Fernández, el operativo salió ya con la mitad de la dotación acostumbrada de "bocachas", el elemento que se coloca en el cañón de la escopeta para el lanzamiento de pelotas.Esta orden y las "malas instrucciones", afirman los policías, provocaron que la marcha "quedase absolutamente descontrolada". Por ello, y debido a la situación de riesgo, se decidieron finalmente a utilizarlas.Desde el sindicato entienden que la instrucción obedecía a la intención de las autoridades españolas de intentar evitar una imagen dura de la actuación policial ante la presencia de observadores. "En esa palabra "aguantar" iba implícito que se debía dar una buena imagen del país frente al resto de países internacionales. Pero lo que no se puede permitir es que por intentar dar esa imagen la integridad de nuestros agentes se vea afectada", afirma este portavoz. La protesta se saldó con 67 policías y 34 manifestantes heridos.Según Fernández, es la primera vez que los agentes reciben una orden tan clara y restrictiva de su trabajo antes de una protesta. "Las decisiones se toman siempre in situ, según se desarrolla la manifestación. Nunca antes se había salido con una idea premeditada de que no hay que cargar".La OSCE no valora su influencia sobre la actuación policial
Desde la OSCE, por su parte, evitan valorar si la presencia de sus observadores en la marcha pudo alterar la estrategia policial. "No estamos para influir en el trabajo de la policía, sino para comprobar si su actuación respeta el derecho a la manifestación pacífica", explica a este periódico, Thomas Rymer, portavoz de la Oficina para las Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (ODIHR), la sección del organismo encargada de las misiones de observación. Sí confirma que se envió a seis de sus expertos a supervisar la protesta. "Esta acción forma parte de un programa más amplio de vigilancia de distintos tipos de concentraciones en países miembros de la OSCE, dentro de nuestro compromiso para proteger el derecho a la libertad de manifestaciones pacíficas", explica Rymer, quien rechaza pronunciarse expresamente sobre el caso español. "Las conclusiones se conocerán a finales de año", emplaza.La presencia de los observadores había sido solicitada por los propios convocantes, quienes horas antes de la manifestación mantuvieron un encuentro con ellos. Los expertos se reunieron también con distintos representantes del Ministerio de Interior y Exterior, del Defensor del Pueblo y de Delegación de Gtobierno para reunir información sobre los preparativos y el operativo de vigilancia.Desencuentros con el Gobierno

La OSCE, Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, está integrada por 56 países de Europa, Asia Central y América del Norte. Está reconocida como organismo regional por la Carta de Naciones Unidas y se encarga de promover la resolución de las situaciones de conflicto entre sus Estados miembros.A través de su Oficina para las Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (ODIHR), con sede en Polonia, se ocupa de vigilar el correcto desarrollo de elecciones y otras situaciones que puedan comprometer los principios de derechos humanos, tolerancia y discriminación, como puedan ser, en este caso, las manifestaciones y distintas marchas. Las relaciones del Gobierno español con este organismo son tibias. El pasado 27 de septiembre, el Ejecutivo les comunicó la anulación de la misión que tenía prevista para la protesta "Rodea el Congreso, Jaque al Rey" en Madrid, que se iba a celebrar el día siguiente. La OSCE había enviado ya a seis de sus observadores a la capital española para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de los manifestantes. La decisión de las autoridades españolas obligó a los miembros de este organismo a regresar de inmediato a Varsovia, sede de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (ODIHR), encargada de estas misiones. La respuesta del organismo fue, no obstante, inmediata, y a través de un comunicado en su página web hicieron saber su malestar por la respuesta del Gobierno español y su preocupación por "las intenciones de las autoridades para dar este giro radical de manera sorprendente". El organismo les recordaba además el compromiso de cooperación con las misiones de vigilancia de la OSCE en nuestro país. "Como cualquier miembro de la OSCE, España se ha comprometido a garantizar el derecho de reunión y el trabajo de los observadores es crítico para asegurar que se respeta la libertad", se afirmaba en la nota, expresando la sorpresa por la decisión española, habida cuenta de que "la oficina siempre ha tenido una buena cooperación con España"Un incidente que provocó un indudable enfriamento en las relaciones entre el organismo y las autoridades españolas.