Los problemas judiciales de los antecesores de Humala marcan el 2013 en Perú

Carmen Jiménez

Lima, 16 dic.- Los problemas judiciales de tres antecesores del presidente Ollanta Humala, uno de ellos preso, han monopolizado la política nacional de 2013 en Perú, un país cuya economía siguió creciendo por encima del 5 %, aunque perdió ímpetu.

Las denuncias de corrupción contra los expresidentes Alan García y Alejandro Toledo, así como la denegación del indulto a Alberto Fujimori (1990-2000), condenado a 25 años de cárcel por violación de los derechos humanos, han agitado este año la política y conducido a un frecuente enfrentamiento entre Gobierno y oposición.

Esta tensión política, así como los altos niveles de delincuencia, entre otros factores, han afectado la popularidad del presidente Humala, que inició el año con más del 50 % y lo acaba con cerca del 35 %.

En un intento por reducir la crispación política y poner freno a la caída de su popularidad, el Gobierno de Humala, que cumplió en julio dos años de su mandato, inició en agosto un diálogo con la oposición que se frustró poco después por unas declaraciones del propio presidente en las que consideró que las situaciones judiciales de sus predecesores proyectan una mala imagen de Perú.

Humala se refirió así a Fujimori, actualmente enjuiciado por la compra de la línea editorial de varios diarios populares para lograr su reelección en 2000; a Toledo, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, y a García, a quien la Fiscalía investigó por supuestos delitos de corrupción durante su segundo mandato (2006-2011) aunque finalmente archivó el caso.

El expresidente Fujimori también ha estado este año en el punto de mira por sus problemas de salud, que ha usado como argumento para que se le conceda salir de la cárcel, después de que Humala le negara el indulto humanitario en junio pasado.

Pero la peor crisis política que tuvo que afrontar Humala llegó en noviembre con el escándalo que apunta a una presunta existencia de poderes paralelos en la Policía Nacional y que ha puesto en evidencia la fragilidad de algunas instituciones.

La denuncia de que Oscar López Meneses, hombre clave en las operaciones de espionaje y la red de corrupción que impulsó Vladimiro Montesinos durante el gobierno de Fujimori, recibía protección policial, generó un huracán que llevó a la renuncia del ministro del Interior y del principal asesor presidencial en temas de seguridad.

El Gobierno ha prometido llegar al fondo del asunto y colaborar en las investigaciones.

Esta crisis se produjo apenas 20 días después del cuarto cambio de gabinete que hizo Humala en sus dos años y medio de mandato, en un intento por oxigenar su gobierno cuando su popularidad alcanzó el nivel más bajo.

La caída de Humala en las encuestas se ha atribuido al creciente clima de inseguridad ciudadana, principal preocupación de los peruanos, así como a la falta de combate a la corrupción, toda vez que no hay mayor preocupación en el área económica, ya que Perú crece por encima del 5 % desde hace más de una década.

No obstante, la economía ha perdido algo de impulso por factores internacionales como la baja de los precios de los metales y una menor demanda de grandes consumidores de materias primas como China.

Aunque aún faltan dos años y medio para las elecciones, Perú vive ya un ambiente casi preelectoral en el que se asoman varias candidaturas.

Entre ellas las de los expresidentes García y Toledo (2001-2006), así como la de la hija de Alberto Fujimori, Keiko, que encabeza las encuestas de intención de voto para los comicios presidenciales de 2016.

La hipotética postulación de la primera dama, Nadine Heredia, también ha sido un tema polémico durante todo el año y que ha sumado más puntos negativos en la imagen del presidente Humala.