La huelga general convocada por los principales sindicatos españoles el 29 de septiembre, la primera contra el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, podría tener más repercusión de la que sugieren las tasas de participación que anticipan las encuestas, aunque en ningún caso logrará modificar la política económica del país.
"La agenda de reformas se va a cumplir (...) Mucho más cuando ha sido aprobada por el Parlamento", dijo hace días Zapatero. El líder socialista se ha visto obligado progresivamente a abandonar un discurso eminentemente social en la peor crisis económica de la democracia y se encuentra virtualmente solo en el Congreso.
Los sindicatos, hasta hace pocos meses en buena sintonía con el Gobierno, acusan un profundo descrédito en una sociedad en la que uno de cada cinco ciudadanos activos está en paro, y se han visto abocados a convocar el primer paro nacional en ocho años por los drásticos recortes presupuestarios de un Ejecutivo presionado por Bruselas para reducir el abultado déficit público y emprender reformas laborales y de pensiones.
"Los sindicatos tenían que hacer esta huelga, aunque vivan del Gobierno, porque si no, hubieran perdido más legitimidad aún, ya que en 32 años de democracia en España no hubo medidas de recorte tan radicales", dijo Javier Barrio, analista de BPI.
En busca de legitimidad
"Así no", reza en letras encarnadas el cartel de una convocatoria contra una reforma laboral que abarata los despidos y permite a las empresas el descuelgue de los convenios colectivos, contra la anunciada reforma de las pensiones y contra los recortes del gasto público anunciados por el Gobierno.
Con la popularidad sindical en tasas bajas y pese a la intensa campaña multimedia que los líderes de los trabajadores han realizado en los últimos días - llamando incluso a la movilización a los jubilados para que no se queden con los nietos el día de la huelga - hay cierto consenso a la hora de pronosticar un seguimiento bajo a la huelga.
Los sondeos manejan abanicos de seguimiento de alrededor del 10% de los trabajadores en activo (2,1 millones de trabajadores, aproximadamente el número de afiliados a los sindicatos).
De hecho, los sindicatos dijeron recientemente que la convocatoria en la España del 20% de tasa de paro sería un éxito con un seguimiento superior al de la huelga en Francia del 7 de septiembre, cuando entre 2,5 y 3 millones de personas se echaron a las calles en protesta contra la reforma de pensiones. En Francia la tasa de paro no llega al 10%.
¿Qué sería un éxito?
Pero tanto observadores políticos como analistas estiman que la definición de éxito de la huelga combinaría otros aspectos por efectos de segunda vuelta relativos, en definitiva, al grado de paralización del país, independientemente de la participación efectiva.
En este sentido, los representantes de los sindicatos han trabajado con especial énfasis en las bases de un sector absolutamente clave como el del transporte y también en otros de amplio impacto social como la educación o la sanidad.
"Creo que va a participar más gente de la que sugieren las encuestas (...) porque muchos negocios y transportes se verán afectados a tal punto de que será más fácil dejarse llevar y hacer huelga que resistirse a ello", dijo Charles Powell, investigador del Real Instituto Elcano.
Aunque el Ministerio de Fomento ha acordado a nivel nacional con los sindicatos una serie de servicios mínimos en transporte, observadores estiman que la clave estará en el transporte en ciudades y comunidades autónomas, responsabilidad de gobiernos regionales y que, en no pocas zonas probablemente sean decretados sin acuerdo.
En este sentido cobran especial importancia los servicios decretados en grandes ciudades como la capital madrileña, aunque existen dudas razonables sobre su cumplimiento.
El pasado mes de julio, una huelga de Metro de dos días provocó un caos en la ciudad ante el supuesto incumplimiento de los servicios ordenados.
"Tenemos que cumplir los servicios mínimos, pero no sabemos qué harán los trabajadores", dijo un portavoz sindical tras conocerse que la Comunidad de Madrid presidida por Esperanza Aguirre, del Partido Popular, dinamitó la posibilidad de un acuerdo negociado, anunciando que los impondrá unilateralmente.
La movilización obrera ya ha tenido en días previos una cita importante en el beligerante sector de la minería del carbón. En este caso, con un seguimiento masivo, los trabajadores de las cuencas del norte del país han realizado diversas protestas desde marchas pacíficas a encierros y huelgas de hambre.
El detonante de estas movilizaciones ha sido el impago de los salarios aunque el trasfondo, con implicaciones para el conjunto de Europa, es la reconversión total de un sector que parece condenado a desaparecer.
Desgaste del Gobierno
Con falta de apoyos en el Congreso, el Ejecutivo socialista que tiene la llave de La Moncloa hasta la primavera de 2012, se está viendo obligado a pactar con distintos grupos cada uno de los trámites parlamentarios con la sombra permanente de elecciones anticipadas.
El reciente acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco para sacar adelante los vitales Presupuestos del año 2011 da un respiro importante al Gobierno que, según diversos analistas no verá comprometida su gobernabilidad con el resultado de la huelga.
"En un momento de recuperación de confianza de los mercados en España, con el diferencial del bono en niveles estables, la financiación del Tesoro más barata (...) el Gobierno va a mantener una línea política que no tiene más remedio que aplicar y la huelga no va a tener efecto alguno", dijo un analista.
El opositor Partido Popular se ha mostrado radicalmente contrario a la huelga aunque el desgaste público del paro podría beneficiarle en un futuro proceso electoral.
"Combatimos las políticas de derechas vengan de donde vengan, no nos importa si favorecemos a unos o a otros", dijo Ramón Górriz, secretario de acción sindical de Comisiones Obreras, el mayor sindicato español por afiliación.
En todo caso, parece que la debatida sombra de unos comicios anticipados está más en la prensa que en la realidad, habida cuenta de que el PP no ha aprovechado la "soledad" parlamentaria de los socialistas para promover una moción de censura.
"Al PP en estos momentos, en los que todavía está por ver el final de la crisis, no le interesa adelantar un hipotético asalto al gobierno", dijo el analista.
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