Macroperación. Los jueces de la francisco de vitoria reclaman un pacto de estado, ante la situación de “máxima alarma”

La Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV) reclamó este jueves que se llegue inmediatamente a un Pacto de Estado que frene “el deterioro institucional” y la situación de “máxima alarma” que, considera, experimenta en estos momentos España con las continuas noticias sobre casos de corrupción.
En un comunicado, esta asociación judicial se expresa en estos términos, en alusión a los últimos casos de corrupción conocidos, como el la 'operación Púnica'.
“Desde AJFJ quiere hacerse llegar a la opinión pública nuestra petición de que, de manera inmediata, se alcance un Pacto de Estado para frenar el deterioro institucional que sufre el país”, subrayó este colectivo de jueces en su escrito.
A su juicio, “la sociedad española atraviesa por una situación de máxima alarma ante el espectáculo de degeneración que muestran nuestras instituciones” y, por ello, la Francisco de Vitoria apeló al “sentido del deber constitucional” de los poderes públicos para que “se garantice el escrupuloso respeto del Estado de Derecho, mediante una adecuada separación de poderes”.
En este sentido, este colectivo criticó que el desarrollo del modelo constitucional del Poder Judicial “ha ido pervirtiendo el modelo de separación de poderes que toda Constitución debe salvaguardar”, debido a que los partidos políticos han tratado de “preservar relevantes facultades de control sobre quienes eventualmente tienen el deber de juzgarles”.
Asimismo, esta asociación judicial manifestó que el presupuesto destinado a Justicia “dista mucho del existente en países de nuestro entorno” y alertó que de ello se deriva “el debilitamiento del Poder Judicial, único garante de corregir las desviaciones de poder, que con escandalosa frecuencia avergüenzan a la sociedad”.
Por todo lo anterior, la AJFV solicitó la adopción de medios materiales adecuados a los funcionarios públicos con competencias en la lucha contra la corrupción, la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para agilizar las causas penales y la reforma de las leyes que regulan la contratación pública para lograr una mayor transparencia.
Igualmente, pidió la revisión del Código Penal para que se tipifique como delito la financiación ilegal de los partidos políticos, así como que se disminuya el número de aforados en el ámbito de los cargos públicos de carácter político y que se ponga en marcha una profunda reforma del Tribunal de Cuentas que lo despolitice y que lo dote de los medios personales y materiales adecuados.