Madrid. Agentes de movilidad se encierran para denunciar su situación y pedir una negociación

Alrededor de veinte agentes de movilidad del Ayuntamiento de Madrid iniciaron este lunes un encierro en las instalaciones del Área de Personal, en la calle Bustamante, para protestar contra "el inmovilismo negociador" del Consistorio y el "hostigamiento del colectivo", y exigir la apertura de un proceso de negociación que dé solución a este conflicto.

El encierro, convocado por CCOO, UGT, CSI.F y la Unión de Policía Municipal de Madrid (UPM), comenzó poco antes de las diez de la mañana y, según declaró a Servimedia José María Sánchez Borrego, portavoz de la Federación de Servicios Públicos de UGT-Madrid, "estaremos hasta que nos dejen".
"Nuestro encierro es indefinido, en principio; tenemos aquí ya nuestro saco de dormir, nuestro vivac, nuestras mochilas, tenemos aquí ya todo, tenemos el kit de supervivencia", explicó Sánchez Borrego.
Los agentes de movilidad están concentrados en la zona del registro del edificio y han desplegado una pancarta en la que se lee: "Agentes de movilidad, más plantilla, menos expedientes, menos imposición, más negociación, solución ya".
Los encerrados confían en que con esta movilidad "baje un poco la soberbia de la dirección que tenemos, y a ver si podemos llegar a una mesa, una negociación y un acuerdo", indicó el portavoz de UGT.
Los sindicatos convocantes de esta acción de protesta denuncian el "incumplimiento manifiesto" del Alcalde de la convocatoria de 1.200 plazas para agentes de movilidad; la "cerrazón" de los responsables municipales a negociar un nuevo Acuerdo de Movilidad y a anular "el decretazo" impuesto, y la "incapacidad" de la actual Dirección de Movilidad, que dirige Pedro Ayuso, "partidaria de la mano dura y con escasez de talante y profesionalidad para dirigir al colectivo".
Por ello, reclaman el cese del director de Movilidad y piden a sus mandos y responsables políticos que "cesen en la campaña de hostigamiento y liquidación del colectivo" y aborden un proceso de negociación. También reclaman el derecho a tener un plan de prevención de riesgos laborales y una carrera administrativa y profesional, y la suspensión de los cerca de 500 expedientes sancionadores incoados hasta la fecha a los agentes.