Madrid. El observatorio social de la dependencia propone un debate monográfico en la asamblea sobre dependencia


El Observatorio Social de la Dependencia, que componen UGT y CCOO de Madrid, CECU Madrid y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (Fravm), propuso hoy la celebración de un debate monográfico en la Asamblea sobre dependencia ante "la falta de transparencia en la gestión y la opacidad de los datos" por parte del Gobierno regional.
Según informó este martes UGT, el Observatorio trasladará esta propuesta al Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea en un encuentro que mantendrán mañana, miércoles, en el que también analizarán conjuntamente la "preocupante" situación de la Comunidad de Madrid en materia de dependencia.
Para los integrantes del Observatorio, "cuando nos encontramos en el ecuador de la implantación de la Ley de Dependencia y han transcurrido cerca de 4 años de su entrada en vigor, la Comunidad de Madrid sigue registrando los peores indicadores en comparación con otras comunidades autónomas".
Señalaron que, según los últimos datos oficiales (octubre 2010), la Comunidad de Madrid es la penúltima región, solo superada por Canarias, tanto en número de solicitudes como en dictámenes (personas valoradas).
Además, mostraron su preocupación por el incremento de la lista de espera, ya que el 37% de las personas que tienen ya derecho a percibir prestaciones y servicios, siguen a la espera ( 23.669 personas, 1.253 más que el mes anterior).
Para el Observatorio, la falta de transparencia en la gestión y la opacidad de los datos del Gobierno regional dificultan el seguimiento del desarrollo de la Ley en la región. Por ello, creen importante que la situación de la aplicación de la ley se debata abiertamente "en el que es el escenario de la expresión de la voluntad política de la ciudadanía por excelencia en nuestra región, la Asamblea de Madrid".
Además, reitera la necesidad de crear un espacio institucional permanente que garantice la participación de la sociedad madrileña en el seguimiento del desarrollo de la ley y efectividad del derecho. A su juicio, es "imprescindible" que el Ejecutivo regional abandone "esta senda de gestión ideologizada y convierta la Ley de Dependencia en una prioridad y no en mecanismo de boicot y confrontación política con el Gobierno central".

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