Madrid exige la devolución de 4,4 millones por mal uso de fondos de formación

Madrid, 24 feb.- El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha reclamado la devolución de un total de 4,4 millones de euros por un posible fraude en la gestión de fondos de formación relacionados con 35 asociaciones empresariales y profesionales.

La Consejería de Empleo, Turismo y Cultura ha reclamado la devolución del importe a través de 38 expedientes de revocación, de los que 14 se han tramitado al completo, mientras que en el resto de los casos debe resolver, tras alegaciones de las asociaciones, la Fundación Tripartita.

La Fundación Tripartita asiste técnicamente al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en su gestión de las iniciativas de formación y reúne a administración, patronal y sindicatos.

Del total supuestamente defraudado, 2,6 millones reclamados corresponden a presuntas irregularidades vinculadas a actividades de la empresa Sinergia Empresarial Avanzada, propiedad de Jose Luis Aneri y que impartía muchos de los cursos contratados por estas asociaciones.

En el caso de Aneri, ha recalcado hoy la consejera de Empleo de la Comunidad de Madrid, María Isabel Mariño, en una visita al Aeropuerto de Barajas, los trámites para la devolución de las partidas comenzaron en junio del pasado año.

La consejera ha recalcado que las entidades que no hicieron un uso correcto de los fondos tienen que devolverlos y ha advertido de que la Comunidad "no va a consentir ningún fraude" para "no seguir transmitiendo" a la opinión pública la impresión de que sindicatos o empresarios cometen "manejos o mamandurrias" en su gestión.

Mariño ha apuntado que este supuesto fraude se cometió con fondos del año 2011 y hasta ahora se han revisado el 30 % de esas subvenciones; fruto de esas investigaciones, ha asegurado, se detectaron una serie de "irregularidades" que pudieran ser fraudulentas y que también ha advertido el Estado, motivo por el que "se ha dado traslado de ello a la Policía".

La consejera ha recordado que el proceso de gestión de estos fondos consiste en que la Comunidad traslada el dinero a las asociaciones y estas a su vez las entregan a un gestor.

Según Mariño, la Consejería de Empleo ha solicitado al Estado que cambie el sistema actual del control de los cursos de formación continua -la normativa estatal solo exige que las asociaciones justifiquen al menos hasta el 5 % de los fondos- para que se supervisen el 100 %.

En diciembre, la Consejería de Empleo había reclamado ya a las asociaciones empresariales 2,7 millones de los 4,4 millones de euros presuntamente defraudados, debido a que los 1,7 restantes estaban entonces todavía en plazo de justificación.

El sindicato CCOO detectó en 2012 un expediente de una de las asociaciones con presuntas irregularidades, que se remitió a la sección de investigación de la Policía Nacional.

A día de hoy, el Juzgado de instrucción número 9 de Madrid se ha hecho cargo de la investigación del caso.

Fuentes del Ministerio de Empleo han indicado a Efe que este departamento lleva tiempo investigando estos hechos y colaborando en establecer los hechos relacionados con este caso, que "está ya en el juzgado".

En relación al mismo, UPyD ha pedido hoy la comparecencia de Mariño en la Asamblea de Madrid para que explique si, como publica hoy el diario El País, se destituyó al subdirector de Formación Continua y Emprendedores de la Comunidad que testificó y facilitó documentación a la Policía sobre las presuntas irregularidades.