Una opositora mantendrá su plaza pese a considerar errónea la administración la baremación de los ejercicios

Las oposiciones se realizaron en el año 2011, y cuatro años más tarde, en 2015, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictó sentencia que anulaba la baremación realizada y adjudicaba la plaza a otra aspirante.

Ahora en 2017, el Tribunal Supremo ha anulado la sentencia dictada en 2015 por el TSJA y la mantiene en su plaza, y aunque admite que pudiere haber habido errores durante el proceso de las oposiciones, señala que la corrección de los mismos exigía la tramitación de un procedimiento específico que no se llevó a cabo por el comité de baremación, según han informado desde el despacho Martínez-Echevarría Abogados, que ha llevado el caso.

Los hechos se remontan a las oposiciones celebradas en el año 2011, donde la aspirante obtuvo una puntuación total de 7,7021 puntos quedando situada en décimo lugar, y por tanto dentro de las 12 plazas que se convocaban.

Posteriormente, se publica en Boletín Oficial de la Junta (BOJA), la Orden de 18 de julio de 2011 de la Consejería de Educación por la que se hacen públicas las listas del personal seleccionado para el ingreso en el cuerpo de maestros y se nombra a esta opositora con carácter provisional funcionario en prácticas.

Así, en julio de 2013, dos años más tarde, y sin conocimiento previo alguno, la ya funcionaria recibió la comunicación de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, donde se le comunicaba la existencia de un recurso contencioso-administrativo interpuesto por una de las aspirantes no seleccionadas contra la citada orden de 18 de julio de 2011, y cuya demanda fue estimada por sentencia de 26 de febrero de 2015.

En esta sentencia de 2015 se anula por error en la baremación la lista de las oposiciones de 2011 y se admite la demanda interpuesta por otra aspirante, que debe ocupar su plaza.

La opositora recurrió esta sentencia ante el Tribunal Supremo al asegurar que se le provoca "una absoluta indefensión" ya que en ningún momento se la comunicó la existencia de un error en la baremación de méritos, ni se tramitó procedimiento alguno al respecto.

El letrado del Despacho Martínez Echevarría Abogados, Carlos García-Manrique, encargado del caso, ha considerado que "se hace justicia al preservar los derechos de quienes habiendo sido nombrados funcionarios en su momento, años después, por causas que no les son imputables sino debidas a la actuación de la Administración, se encuentran en la tesitura de verse privados de tal condición".

"La sentencia es clara y los errores cometidos en el proceso deberían haberse resuelto en su momento y a través del correspondiente procedimiento. Ahora será la Administración autonómica quien asuma su error, manteniendo la plaza de nuestra defendida y otorgando, en su caso, otra plaza a la demandante", ha concluido.