Madrid, 20 ago.- Más de 1.600 personas se han inscrito ya en el congreso de Sociedad Civil y Democracia (SCD), el partido que aspira a presidir el exbanquero Mario Conde y con el que espera concurrir a las próximas citas electorales, empezando por Galicia.
El que fue presidente de Banesto quiere estrenarse como político en su tierra natal, aunque fuentes cercanas a Conde admiten a Efe que todo dependerá de la agenda electoral y de si el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, convoca las elecciones para este otoño o espera al año que viene.
Si los comicios autonómicos se adelantan al otoño, puede que SCD no tenga tiempo suficiente para configurar sus listas, ya que el próximo congreso del partido se celebra el 6 de octubre en Madrid, aunque si Feijóo espera a 2013 dan por segura su presencia en el proceso electoral.
Sociedad Civil y Democracia se registró legalmente como partido en junio de 2011 y celebró un primer congreso en septiembre de ese año, si bien la cita de octubre se considera para el partido como el congreso constituyente.
Dejará entonces la presidencia de SCD Daniel Movilla, abogado orensano afincado en Valladolid quien, si no hay otros candidatos, cederá el testigo a Mario Conde, que últimamente ha participado en algunos actos y conferencias y está muy activo en las redes sociales, con más de 68.600 seguidores en Twitter.
Entre las propuestas de SCD se encuentra reformar la Constitución para garantizar la independencia de la Justicia, transformar el Estado de las Autonomías y reducir el número de ayuntamientos allí donde el tamaño, la viabilidad económica y la proximidad, aconseje agrupar varios municipios y pedanías bajo un único órgano rector.
Además, apuesta por que el articulo 2 de la Carta Magna quede redactado como sigue: "La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación Española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza la igualdad y el derecho a la solidaridad, entre todas las regiones y provincias de España".
También aboga por establecer que el castellano "es la lengua española oficial del Estado" y que su enseñanza, uso y aprendizaje "es irrenunciable".
Las demás lenguas gozarán de protección estatal y podrán ser objeto de enseñanza y aprendizaje como segundo idioma a elección de los progenitores, "pero nunca en detrimento" del castellano.
Quiere además una modificación constitucional que reconozca y potencie la iniciativa legislativa popular y simplifique el proceso, así como una nueva ley del referéndum popular, tanto consultivo como vinculante, mediante la ampliación de las materias que puedan ser objeto del mismo.
Pide también la eliminación de la obligatoriedad de negociar convenios colectivos, la supresión de las subvenciones generalizadas por parte de todas las administraciones y el pase de las políticas activas de empleo a un organismo dependiente del Ministerio de Educación, sin intervención sindical.
Introducir modificaciones en el sistema de financiación de las elecciones, con límites a los gastos electorales, y reformar el sistema electoral para consagrar el principio de "un hombre, un voto" son otras de sus ofertas.
Del mismo modo, propone eliminar la financiación publica de los partidos políticos, los sindicatos, las patronales, las fundaciones de partidos y algunas ONG, así como penas muy severas para los jueces y fiscales que, "con abandono del derecho, dicten resoluciones o actúen por servilismo político o por motivos espurios".
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