Mas propone publicar sueldos y patrimonio, código ético y registro de lobbies

  • El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha presentado hoy un documento de 51 propuestas para luchar contra la corrupción, entre ellas, la publicación de los sueldos y el patrimonio de los cargos electos y de confianza, un código ético para la transparencia política y un registro de 'lobbies'.

Barcelona, 22 feb.- El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha presentado hoy un documento de 51 propuestas para luchar contra la corrupción, entre ellas, la publicación de los sueldos y el patrimonio de los cargos electos y de confianza, un código ético para la transparencia política y un registro de 'lobbies'.

Mas ha entregado este texto a los grupos parlamentarios y lo explicará en el Parlament en el pleno de la semana que viene, en el que ha pedido comparecer, tras la segunda reunión de la cumbre anticorrupción celebrada hoy en el Palau de la Generalitat, que ha durado tres horas y media y en la que ha escuchado las propuestas de los organismos de control institucional de Cataluña.

Tras este encuentro, y a tenor de la polémica en torno a los presuntos casos de corrupción y espionaje que han causado "una gran alarma social", Mas ha avisado de que "todos los procesos" que tiene en marcha Cataluña, entre ellos el proyecto soberanista, fracasarán si se rompe la confianza entre la sociedad y las instituciones.

Mas propone asimismo endurecer las condenas por corrupción y establecer un protocolo acordado entre los partidos sobre cómo hay que actuar en los casos en que hay cargos públicos imputados.

En el primero de los seis apartados en que se distribuyen la cincuentena de propuestas, se contempla la aprobación de la Ley de Transparencia que el Parlament ya ha empezado a elaborar, y también se prevé crear "un órgano independiente para coordinar las actuaciones" institucionales.

Además de exigir que se hagan públicas las declaraciones de bienes y patrimonio, antes de iniciar y al finalizar los mandatos de los altos cargos electos, se propone extender esta publicación a los altos cargos de confianza a los que únicamente se exigirá dar a conocer "la variación patrimonial".

Se propone crear una web sobre "transparencia y rendimiento de cuentas" de compromisos políticos, y los miembros de consejos de administración de empresas que reciben "subvenciones genéricas" estarán obligados a hacer públicas sus retribuciones.

Otra de las propuestas más destacadas es la de crear "un registro público y un código de conducta para grupos de interés (lobbies) de acuerdo con las guías de la OCDE".

En el apartado dedicado a la contratación pública, se propone una reforma en profundidad de los procedimientos y se indica que la Plataforma de Contratación Pública, será "el punto central de información" sobre las contrataciones.

Los órganos de contratación deberán velar para que los potenciales licitadores conozcan con la máxima transparencia los criterios en base a los cuales serán valoradas las propuestas.

Por lo que respecta a la administración de justicia, la Generalitat procurará dotar de más medios humanos, económicos y materiales a los juzgados que instruyan casos de corrupción a fin de que sean tramitados con mayor celeridad.

En este apartado se contempla también acordar entre los partidos un "protocolo común" que regule cómo deben actuar ante los casos de imputación de cargos públicos, y Mas considera que sólo deben dimitir cuando exista una acusación formal contra ellos por parte del juez y se vaya a juicio.

Ahora bien, ha precisado Mas, si luego hay una sentencia exculpatoria, la persona afectada tendría que ser restablecida en el cargo del que fue apartado, motivo por el que cuando se trata de un alcalde, él es partidario de que dimita de este cago pero que mantenga el acta de concejal hasta que no haya una sentencia firme.

"El sistema -ha apuntado- debe hacer renunciar a la gente imputada, pero también prever que los exculpados puedan volver a poder ocupar los cargos, con una total rehabilitación".

Según Mas, entre las medidas que deberían ser aprobadas en el ámbito estatal figura un endurecimiento de las condenas por enriquecimientos ilícitos, actualizar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y tipificar como delito "el enriquecimiento patrimonial injustificado".

En el apartado de medidas para reforzar la transparencia en los partidos políticos, se propone implantar auditorías internas, establecer una metodología contable común de partidos y fundaciones, y que cada año la Sindicatura de Cuentas destine un auditor permanente para cada partido.

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