Memoria histórica. Andalucía aprueba las primeras 94 indemnizaciones a mujeres represaliadas por el franquismo

El consejero andaluz de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro, anunció este jueves que su departamento ha aprobado hasta el momento 94 indemnizaciones a mujeres represaliadas por el franquismo que padecieron distintas vejaciones, sobre todo el rapado de su cabello y el consiguiente escarnio público.
Con estas indemnizaciones se pretende dar una reparación moral al daño y escarnio que sufrieron estas mujeres, que se vieron sometidas a humillaciones, además de reconocer a su papel en la construcción de la actual sociedad democrática.
Hasta este jueves, cuando expiró el plazo de presentación de solicitudes, se han recibido en el Comisariado para la Recuperación de la Memoria Histórica 206 peticiones, a las que podría sumarse alguna más que se haya registrado en algún ayuntamiento u otra institución o que se haya enviado por correo dentro de plazo y que aún no haya llegado a los servicios centrales de la Junta.
Estas 94 mujeres tendrán el derecho a percibir una cuantía de 1.800 euros en concepto de indemnización. En cuanto a su distribución provincial, cinco corresponden a la provincia de Almería, seis a Cádiz, 34 a Córdoba, seis a Granada, siete a Huelva, otras tantas a Jaén, 14 a Málaga y 15 a Sevilla.
Por otra parte, 50 de las solicitudes presentadas están pendientes de estudio y se ha solicitado documentación anexa. Y se han denegado hasta el momento 25 solicitudes por no cumplir la condición política de andaluza en los términos que establece el art. 5.1 del Estatuto de Autonomía, es decir, haber estado censado en la comunidad autónoma cuando se produjeron los hechos. Otras 37 han sido denegadas porque las peticiones se refieren a familiares.
Las indemnizaciones pretenden resarcir hechos que no supusieron privación de libertad pero sí acciones vejatorias dirigidas especialmente contra la población femenina, como el rapado, la ingesta de aceite de ricino y la exposición al escarnio público. El periodo considerado abarca los años de mayor incidencia de este tipo de represión, entre 1936 y 1950.
Ante la inexistencia de documentos que acrediten lo ocurrido en la inmensa mayoría de estos casos, las mujeres represaliadas han podido presentar cualquier prueba admitida en Derecho, incluidos testimonios de terceros y declaraciones juradas. Las pruebas están siendo revisadas por una comisión de estudio y valoración de la que forman parte el comisario para la Recuperación de la Memoria Histórica, Juan Gallo, un miembro de su equipo y tres técnicos de la Administración autonómica.
Por otra parte, el consejero ha asegurado que en este año se continuará impulsando el desarrollo de la Ley de Memoria Histórica, para lo que se está trabajando en un decreto para establecer los Lugares de Memoria, además de una orden para el reconocimiento a los familiares de personas víctimas del fascismo.