Miles de personas se manifiestan contra la privatización del registro civil

Miles de personas de la llamada ‘Marea amarilla’ se manifestaron este sábado en Madrid para protestar contra la privatización del Registro Civil e impedir que la labor de los registros se derive a los registradores mercantiles y de la propiedad.
La manifestación, convocada por la Plataforma del personal funcionario del Registro Civil y secundada por la mayoría de los sindicatos con representación en la Administración de Justicia, reunió a miles de personas procedentes de toda España. Al acto, al que se sumaron distintas organizaciones y dirigentes políticos de IU o PSOE, como la exministra Rosa Aguilar, partió de la Plaza de Cibeles y concluyó frente al Ministerio de Justicia, donde exigieron que la función de los registros siga siendo pública. “La respuesta ha sido lo suficientemente grande y contundente como para que el ministro se piense las cosas”, aseguró en declaraciones a Servimedia María Novoa, miembro de la Comisión Ejecutiva del Sector de la Administración de Justicia de CCOO. El objetivo es evitar que la función de los registros civiles deje de ser pública y pase a manos de los registradores mercantiles y de la propiedad.
Durante esta semana los trabajadores del Registro Civil realizaron actos de protesta por toda España lo que provocó, según Novoa, que el miércoles el Ministerio convocase “por sorpresa” con menos de 24 horas de antelación la mesa de negociación para el jueves, con el Registro Civil como único punto del día.
NUEVA CONVOCATORIA
Sin embargo, todas las organizaciones sindicales rechazaron la convocatoria al demandar conocer con anterioridad la propuesta de Justicia, que finalmente ha vuelto a convocar la mesa de negociación para esta semana.
De esta forma, los trabajadores esperan poder evitar la entrada en vigor, a partir del 15 de julio, de la reforma de los registros civiles iniciada por el exministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y asumida por su sucesor, Rafael Catalá.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó martes una resolución del Ministerio por la que encomienda la gestión de los expedientes de nacionalidad de inmigrantes al Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España por cuatro millones de euros. “Esta medida supone un primer adelanto económico al colectivo de registradores por la gestión de este servicio público”, según CSI-F.