Montes opina que la objeción en servicios públicos es insumisión al Derecho

Santander.- El presidente de la asociación Morir Dignamente, el médico Luis Montes, ha opinado hoy que objeciones de conciencia como la que el PP pretendía introducir en la ley andaluza sobre la muerte digna son "una insumisión al Derecho" si afectan a servicios públicos, cuya prestación tiene que estar garantizada.

Montes ha participado hoy en un seminario de la UIMP sobre la dimensión jurídica al inicio y final de la vida de los procesos de seguridad clínica, donde ha defendido que el "respeto" a la cartera de servicios de la sanidad pública se justifica porque "el sistema de salud está apoyado en un sistema impositivo".

El presidente de Morir Dignamente ha calificado de "hito" la presentación por parte del grupo parlamentario de Nafarroa Bai en el Parlamento de Navarra de un proyecto de ley sobre los derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso final de la vida que pretende asegurar "la buena muerte".

Ha adelantado que la asociación de la que es presidente exigirá "auditorías" sobre el cumplimiento de la ley andaluza sobre la muerte digna -aprobada en marzo- para que no se quede "en marco", sino que en una norma de la que "se hace un seguimiento".

"Tenemos experiencia de lo que han sido los decretos autonómicos de últimas voluntades o testamento vital y parece que se llevan en la clandestinidad", ha razonado Montes.

"El debate que tenemos que tener los ciudadanos es el de la disponibilidad de la propia vida", ha considerado el doctor.

En este sentido, Montes ha razonado que "entra dentro de los derechos ciudadanos" que el paciente se gestione "una buena muerte", para lo que ha opinado que "tiene que discutirse y despenalizarse la eutanasia activa y el suicidio asistido para llevar a su plenitud el principio regulador democrático de la autonomía del paciente".

Luis Montes ha dicho que entiende que "las opciones religiosas son para la vida privada" y que "los derechos de ciudadanía son derechos optativos", por lo que, a su juicio, los ciudadanos que quieran "dirigir y gestionar" su muerte, están "en pleno derecho de exigirlo".

Según el presidente de la asociación Morir Dignamente, "en una sociedad democrática" los ciudadanos tienen "que empezar a participar de las decisiones".

"¿Qué queremos con nuestro dinero público, financiar a la banca o dar estos servicios públicos?", se ha preguntado el doctor.