Madrid, 1 ago.- El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha dicho hoy que, si fuera necesario, el Gobierno seguirá dotando presupuestariamente el Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE) porque sus efectos son muy beneficiosos para el país y para apoyar a un sector tan importante como el del automóvil.
Montoro se ha expresado así en el pleno del Congreso (que se celebra en el Senado por las obras en la Cámara baja) durante la convalidación del real decreto por el que se conceden créditos extraordinarios en los presupuestos del Ministerio de Industria y de Defensa y para atender obligaciones del Servicio Público de Empleo Estatal.
El ministro ha defendido este real decreto -aprobado gracias a la mayoría del PP y que no se tramitará como proyecto de ley-, que recoge el Plan PIVE-3 que nace con un presupuesto de 70 millones de euros y ha incidido en la importancia de promover la renovación de vehículos para así reducir de forma muy eficiente el consumo energético.
Montoro ha celebrado el éxito de las dos convocatorias anteriores del Plan PIVE, "muy importante también en términos medioambientales para reducir CO2 (dióxido de carbono) y otros productos contaminantes".
El PIVE-3 conserva las características de la edición anterior, que logró la sustitución de cerca de 150.000 vehículos y un ahorro anual de 78 millones de litros de combustible y 262.000 toneladas de CO2.
La dotación del nuevo programa se financiará mediante un crédito con cargo a los Presupuestos Generales del Estado al Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE).
Su objetivo es sustituir vehículos, turismos y comerciales ligeros, con más de 10 años y 7 años de antigüedad respectivamente, por modelos de alta eficiencia energética, de menor consumo de combustibles y emisiones de CO2.
Asimismo, el real decreto incluye un suplemento de crédito de 5.850 millones de euros para el Servicio Público de Empleo Estatal, dinero que podrá ser utilizado para el pago de prestaciones y para bonificaciones empresariales a la creación de puestos de trabajo.
Además autoriza un crédito extraordinario de 877 millones de euros con cargo al Ministerio de Defensa para atender al pago de compromisos de gasto en armamento y material.
Durante su intervención, el portavoz del PSOE, Pedro Saura, ha calificado el real decreto de "mejunje presupuestario" y ha dicho que trata de ocultar la política del Gobierno en este ámbito.
Desde CiU, que se abstuvo por entender que había aspectos positivos y negativos, Carles Campuzano ha asegurado que el real decreto refleja que las previsiones del Ejecutivo no se cumplen.
Asimismo, ha señalado que es "inmoral" el tope de déficit fijado para Cataluña del 1,58 % del PIB este año por entender que afectará a la sanidad, a la educación y a los servicios sociales y ha afirmado que es "estúpido" porque no favorecerá la capacidad de la Generalitat para promover la recuperación.
También se ha abstenido UPyD, cuyo portavoz, Álvaro Anchuelo, ha indicado que es mejor ayudar al automóvil con políticas adecuadas y no con subsidios.
Especialmente en contra del real decreto se han mostrado Joan Baldoví de Compromís y Joan Tardá, de ERC, sobre todo con el crédito destinado a Defensa.
Asimismo, Alberto Garzón, de La Izquierda Plural, ha incidido en que la norma es una "aberración democrática" que contiene un endeudamiento como instrumento y no como un fin en sí mismo.
Por su parte, el diputado del PP Antonio Gallego ha recalcado que el Ejecutivo continuará con su política de estímulo económico como el Plan PIVE y con su agenda reformista para superar la crisis.
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