Muerte de extesorero de Collor en 1996 sigue en misterio tras nuevo juicio

  • El asesinato en 1996 del empresario brasileño Paulo César Farías, protagonista del escándalo por corrupción que obligó al expresidente Fernando Collor de Mello a renunciar en 1992, sigue siendo un misterio tras concluir hoy un nuevo juicio, en el que fueron absueltos cuatro de sus guardaespaldas.

Río de Janeiro, 10 may.- El asesinato en 1996 del empresario brasileño Paulo César Farías, protagonista del escándalo por corrupción que obligó al expresidente Fernando Collor de Mello a renunciar en 1992, sigue siendo un misterio tras concluir hoy un nuevo juicio, en el que fueron absueltos cuatro de sus guardaespaldas.

Un jurado popular constituido por el Tribunal de Justicia de la ciudad de Maceió absolvió en la noche de este viernes, tras cinco días de audiencia, a los cuatro guardaespaldas acusados del crimen del empresario en junio de 1996.

Según la sentencia leída por el juez Mauricio Breda, los siete integrantes del jurado consideraron que los cuatro acusados eran inocentes y determinaron que la responsable tampoco fue la novia del empresario, la comerciante Suzana Marcolino, que supuestamente se suicidó tras haber tiroteado a Farías y a la que se le atribuyó el crimen desde un comienzo.

El jurado, por 4 votos a favor y 3 en contra, consideró inocentes a los exguardaespaldas Adeildo Costa dos Santos, José Geraldo da Silva, Josemar Faustino dos Santos e Reinaldo Correia de Lima Filho.

"No sabemos si vamos a presentar un recurso debido a que los jurados consideraron que hubo un doble homicidio y que los acusados, pese a no ser responsables por las muertes, podían haberla evitado", admitió el fiscal del caso, Marcus Rómulo.

"Como no fue identificado el autor del crimen, los jurados consideraron que los guardaespaldas no podían ser condenados y decidieron absolverles por clemencia", agregó el fiscal.

La decisión del jurado volvió a dejar en el misterio uno de los crímenes que más han generado polémica en el país debido a que, pese a la conclusión de la policía de que se trató de un crimen pasional seguido de suicidio, numerosas versiones indican que el empresario fue asesinado para que no revelara secretos políticos que conocía.

Farías era considerado un importante archivo vivo sobre la corrupción durante el gobierno de Collor (1990-1992)

La justicia se abstuvo durante muchos años de asumir el caso del polémico "PC Farías" debido a que la policía, tras una rápida investigación que supuestamente fue blanco de presiones políticas, concluyó que Marcolino asesinó al empresario en la cama que ambos compartían en una casa de la ciudad Maceió y que luego se suicidó.

Pero diferentes peritos demostraron que, por la altura de Suzana Marcolino y por la posición en que fueron hallados los cuerpos, era imposible que la mujer hubiera disparado contra PC Farías y que luego se hubiera suicidado.

Las múltiples dudas que generaron las primeras investigaciones sobre la muerte del polémico empresario llevaron a la Fiscalía a iniciar en el 2000 una cuarta investigación.

Como algunas pruebas señalaban la posibilidad de la presencia de una tercera persona en el cuarto que compartía la pareja, los fiscales decidieron acusar inicialmente de doble homicidio y de complicidad a todas las personas que estaban en la residencia el 23 de junio de 1996, cuando ocurrieron los homicidios.

Entre los acusados figuraban, además de los cuatro guardaespaldas del empresario y tres empleados domésticos, un hermano de la víctima, el entonces diputado federal Augusto Farías.

La Fiscalía, tras nuevas investigaciones, retiró las acusaciones contra Augusto Farías y contra los empleados domésticos y tan sólo mantuvo como reos a los cuatro guardaespaldas.

Farías, que fue tesorero de la campaña que condujo a Collor a la Presidencia en 1990, fue condenado en varios procesos por corrupción debido a que la policía y el Congreso comprobaron su participación en una red que cobraba millonarias propinas a empresas constructoras de obras públicas para favorecerlas en licitaciones públicas.

El escándalo obligó a Collor a renunciar a su mandato en diciembre de 1992, pocas horas antes de que el Congreso aprobara su destitución, pese a que, posteriormente y por falta de pruebas, la propia Corte Suprema consideró infundadas todas las acusaciones contra el expresidente.

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