El 41% de las mujeres asesinadas por violencia de género este año habían presentado denuncia

Las dos mujeres asesinadas este fin de semana habían presentado denuncia contra sus parejas, pero no fue suficiente. La mujer apuñalada en Zaragoza murió tras pasar varias horas en el Hospital y la misma suerte corrió la joven de 22 años estrangulada en Melilla. Ambas, además, fueron asesinadas en presencia de sus hijos de corta edad. 

Con ellas ya son 24 las fallecidas en lo que va de año, una menos que en el mismo período de 2015, aunque podrían llegar a 26 si las investigaciones policiales confirman do casos que aún están bajo investigación. El dato más alarmante es que casi el 41% de las víctimas, es decir, 9 habían denunciado a su agresor, pero eso no evitó que cumplieran con su amenaza y terminaran con su vida. 

"Si todos estos casos constituyen un fallo del sistema, a más abundamiento lo son aquellos en los que la víctima ha ha dado el paso a veces heroico de denunciar y confiar en las instituciones", dice la presidenta del Observatorio de la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ángeles Carmona.

Según afirma, en el estudio de los últimos casos similares se han identificado "diversos factores y circunstancias, como el excesivo plazo de señalamiento en los juicios, reanudación de la convivencia entre el agresor y la denunciante, acogimiento al derecho a no declarar, falta de coordinación entre diferentes cuerpos de seguridad, dilación en la entrada de partes de lesiones en el juzgado, poca utilización de los dispositivos electrónicos de seguimiento de las órdenes de protección o falta de valoración eficaz del riesgo de la víctima".

Estos datos y circunstancias ponen de manifiesto que aún hay mucho que hacer. Desde el Observatorio se proponen medidas en diferentes ámbitos y se pide la implantación de herramientas para una mejor coordinación institucional.

"Es muy importante que las circunstancias y datos de cada caso se compartan en tiempo real entre todas las instituciones que atienden a la víctima. La integración informática de los sistemas que se utilizan en los órganos judiciales, los cuerpos de seguridad, los centros sanitarios y los de asistencia social resulta clave para poder valorar más eficazmente el riesgo y para que la actuación sea lo más inmediata posible con el fin de evitar delitos tan graves", afirma Carmona.Analizar cada caso para tomar medidas eficaces

Para la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, si bien en cada caso coinciden factores de riesgo múltiples y diversos, hay un elemento común y es la falta de implementación de las Unidades de Valoración Forense, que integradas por equipos multidisciplinares de psicólogos, médicos y trabajadores sociales, deberían, según la Ley Integral, hacer una evaluación de cada víctima, cada agresor y el entorno de ambos para ofrecer al juez argumentos de peso a la hora de decidir qué medida de protección adoptar para ella.

"Es lo que más nos preocupa. Estas medidas están en la disposición adicional segunda de la ley y se han creado en muy pocas comunidades autónomas, cuando sirven para asesorar a los jueces sobre cuál es el riesgo real que corre la víctima y adoptar las medidas en consecuencia. Es algo básico y fundamental que sin embargo todavía no se ha puesto en funcionamiento", explica la presidenta de la Federación.