Navarra aprueba un proyecto de ley de transparencia y gobierno abierto

Pamplona, 7 mar.- El Ejecutivo navarro ha aprobado en su consejo de hoy el proyecto de ley foral de transparencia y gobierno abierto con el que buscar dar respuesta a una demanda ciudadana sobre su derecho a saber y a participar en la toma de decisiones.

Una iniciativa a la que "será difícil ponerle obstáculos", según el vicepresidente y consejero de Presidencia, Roberto Jiménez, quien ha asegurado en rueda de prensa que ya se han interesado por ella el Gobierno central y los de varias comunidades autónomas de distinto signo político, por lo que ha aventurado que "está llamada a ser una referencia nacional".

Con esta ley, la Administración Foral deberá informar en su portal web sobre las retribuciones, actividades y bienes de los miembros del Gobierno de Navarra y altos cargos de la Administración Pública.

También se hará público el valor de los bienes y derechos patrimoniales que posean al inicio, durante y al final de su mandato, así como las cesantías percibidas cuando dejen de desempeñar sus cargos, para las que se establece un régimen de incompatibilidades.

El proyecto regula además que los beneficiarios de una subvención tendrán que comunicar a la Administración la información sobre las retribuciones de sus órganos de dirección y de gobierno para que se puedan hacer públicas.

Igualmente se dará a conocer el número de liberados sindicales existentes en los distintos departamentos y organismos públicos, así como los costes que estas liberaciones generan para la Administración Pública.

Otra información que necesariamente se hará pública se refiere a los presupuestos, cuentas con grado de ejecución, gastos en campañas institucionales, acuerdos relacionados con la creación y fundación de sociedades y fundaciones públicas, listas de contratación temporal, extractos de acuerdos o directrices y circulares que se consideren del interés general para la ciudadanía.

Las ley obligará asimismo a poner a disposición de los ciudadanos la información más relevante en los ámbitos básicos de actuación, especialmente en lo referido a la transparencia en la contratación pública, en la concesión de servicios, en los convenios de colaboración o en materia de ordenación del territorio y urbanismo.

Esta ley obligará por otra parte a la Administración a impulsar la participación ciudadana con foros de consulta, paneles y jurados ciudadanos, a los que reconoce el derecho a proponer un reglamento o una ley, de manera que con 2.000 firmas el Gobierno tendrá que tramitar la iniciativa en caso de ser aceptada o, de lo contrario, motivar su rechazo.