Estas sanciones afectan a dos personalidades del régimen de Buyumbura, entre ellas el ministro de Seguridad Pública, Alain-Guillaume Bunyoni, verdadero número 2 del régimen, y a dos responsables del golpe de Estado militar abortado en mayo y que intentó derrocar al presidente Pierre Nkurunziza.
El anuncio tiene luagr en momentos en que el ministerio del Interior de Burundi acaba de prohibir de manera "provisoria" las actividades de las principales organizaciones de la sociedad civil burundesa.
Estas organizaciones habían estado a la vanguardia del movimiento que se oponía a un tercer mandato del presidente Nkurunziza y ahora son objeto de una demada de las autoridades ante la justicia por "insurrección". La mayoría de sus dirigentes están en el exilio.
Burundi está sumida en una crisis política desde finales de abril, cuando su presidente Pierre Nkurunziza presentó su candidatura para un controvertido tercer mandato, que ganó.
La oposición, que boicoteó los comicios, la sociedad civil y la Iglesia católica consideran que ese tercer mandato es contrario a la Constitución y al Acuerdo de Arusha que abrió la vía al final de la guerra civil (300.000 muertos entre 1993 y 2006), que limitan a dos los mandatos presidenciales.
En medio del conflicto, una brutal represión de las manifestaciones y la reelección en julio de Nkurunziza no evitó que la violencia se intensificara, y que pasara a ser armada.
Al menos 240 personas murieron y más de 200.000 huyeron el pequeño y enclavado país africano.
El gobierno estadounidense evoca informaciones "múltiples y creíbles" sobre asesinatos, arrestos arbitrarios, actos de tortura por parte de las fuerzas de seguridad y "violencias perpetradas por milicias afiliadas al partido en el poder".
La Casa Blanca estima que la "retórica incendiaria" de varios responsables gubernamentales contribuyó a generar "un clima de miedo" y puede "incitar a aún más violencia". Pero también condena a aquellos opositores que usan la violencia y contribuyen a la inestabilidad en Burundi.
Entre los afectados figuran Godefroid Bizimana, director general adjunto de la Policía Nacional, que también está en la mira de la UE. Según Estados Unidos, este hombre dirigió los operativos policiales para impedir que se lleven a cabo las manifestaciones pacíficas de los opositores, con un "uso desproporcionado" de la fuerza.
Además de Alain-Guillaume Bunyoni, Bizimana, los sancionados son Godefroid Niyombare, exjefe del servicio de inteligencia y exjefe del Estado Mayor del Ejército, y Cyrille Ndayirukiye, exministro de Defensa.
Las sanciones impuestas por Barack Obama incluyen restricciones a la circulación y congelamiento de haberes.
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