Observatorio Económico aboga por revisar a fondo políticas activas de empleo

Sevilla, 13 ago.- El Observatorio Económico de Andalucía aboga en un informe por rediseñar las políticas activas de empleo ante los "indicios de gestión irregular y sus mediocres resultados", y para ello plantea avanzar en la transparencia, en la asignación competitiva de fondos y en la evaluación externa de los resultados.

En un informe sobre las políticas activas de empleo defiende una reorganización completa del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para ofrecer un "servicio más ágil y vinculado a las necesidades de la estructura económica de cada territorio".

Esa reorganización del SAE pasa por incentivos salariales para el personal dedicado a la orientación laboral para que sus retribuciones dependan en mayor medida de los resultados obtenidos por los parados a los que asesoren.

También propone aplicar un sistema de incentivos y castigos para los desempleados que participan en estas acciones, ya que -argumenta- sólo serán efectivas las políticas activas de empleo si los desempleados perciben como perjudicial no tener una búsqueda activa de empleo y cita como ejemplo la pérdida de la prestación.

Igualmente, el Observatorio Económico de Andalucía apuesta por la concesión competitiva de todos los cursos para que acaben siendo impartidos por las instituciones y empresas que demuestren un mayor éxito en términos de competencia y en inserción -hasta ahora se adjudican casi en su mayor parte a los sindicatos y a la patronal-.

En este sentido, denuncia la falta de transparencia en Andalucía en los fondos destinados a políticas activas de empleo, y se remonta a la última memoria publicada del SAE en 2011, que eleva la partida a 713 millones, aunque en total, incluido el gasto del Gobierno de España en Andalucía, asciende a unos 1.200 euros al año, en torno a la media nacional, que se sitúa entre el 0,8 y 0,9 % del PIB.

Asimismo, destaca la importancia de una completa evaluación a posteriori de los resultados de los cursos haciendo un seguimiento de los alumnos y, de hecho, considera que parte de los fondos de los cursos sólo deberían abonarse una vez que se verifique determinado nivel de éxito en la inserción laboral.

De esta forma, "se evitarían situaciones escandalosas como las que se están conociendo sobre la gestión tanto pública como privada de los fondos destinados a la formación" de los desempleados, añade.

La Policía y la Guardia Civil han llevado a cabo operaciones contra los presuntos fraudes en los cursos de formación subvencionados por la Junta, en una de las cuales fue detenido el exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda.

Llama la atención sobre la nula efectividad de algunas políticas para resinsertar a los parados como los programas del Gobierno andaluz Progresa y Prepara, así como el hecho de que la mayor parte de los fondos -174 millones de 200- del plan de la Junta para impulsar el empleo joven se destine a la contratación para realizar proyectos de cooperación social y comunitaria en los ayuntamientos.

Por tanto, la prioridad de la Junta debe ser, según el Observatorio Económico de Andalucía, la generación de nuevos proyectos empresariales y el crecimiento de los existentes por la vía de la innovación y la apertura al exterior.

Para este foro de expertos, las políticas activas de empleo pueden resultar de especial interés para mejorar la cualificación de trabajadores con poca formación, aunque precisa que la información sobre su efectividad es muy limitada.

A este respecto, recomienda avanzar en la atención personalizada al desempleado y, para ello, valora la colaboración público-privada, si bien censura que el SAE haya renunciado a los convenios de colaboración que permite la reforma laboral.

También aconseja que los programas de formación contemplen cursos de más de 250 horas que capaciten para desarrollar una ocupación específica de alta demanda y una formación dual (en la escuela y en la empresa).

Las subvenciones a la creación de empleo privado deben dirigirse solamente a colectivos con especiales dificultades de inserción y las ayudas a la creación de nuevos proyectos empresariales deben ofrecerse sólo a los candidatos con un nivel de formación y conocimiento del mercado suficiente para garantizar una alta tasa de éxito en la estabilidad futura de dichos proyectos.

Igualmente, las ayudas a instituciones públicas para la creación de empleo temporal son, con diferencia, las medidas menos efectivas para mejorar las perspectivas de empleo de sus perceptores, por lo que deben reducirse al mínimo y ser dirigidas sólo a colectivos con graves problemas de inserción laboral.