Como parte del dispositivo puesto en marcha para la lucha desatada entre la mandataria y el jefe de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, legisladores y aliados del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) pidieron este jueves a la Corte Suprema que suspenda el trámite y conceda derecho de defensa a la mandataria antes de darle inicio al proceso en la cámara baja.
"La mera apertura del procedimiento es capaz de causar una verdadera tormenta política, administrativa, económica y social, con derivaciones internacionales (...) El perjuicio que causa la falta de garantías procesales es evidente", señala el escrito presentado ante el máximo tribunal por el diputado Rubens Pereira, al que accedió la AFP.
Según explicó el diputado del PT Paulo Pimenta, habrá varias solicitudes más para detener el proceso.
En simultáneo, en el Congreso fue leído el extenso pedido de impeachment, paso inicial de una saga que podría destituir a Rousseff. La gestión de la presidenta es aprobada apenas por un 10% de la población de la séptima economía mundial, que termina 2015 hundida en la espesura de una crisis a meses de los Juegos Olímpicos de Rio-2016.
Fuentes de los principales partidos reconocen que un proceso político de esta magnitud no podrá ser controlado por ninguna fuerza y tendrá una dinámica propia e imprevisible.
La agonía que vive en 2015 el gobierno de Rousseff, reelegida hace poco más de un año con más de 54,5 millones de votos, con sus proyectos obstaculizados por Cunha en el Congreso, la economía barranca abajo y el escándalo de corrupción en Petrobras regando a buena parte de la élite empresaria y política, tendrá un nuevo capítulo ahora en el Congreso.
La cámara de diputados formará el próximo lunes una comisión de 65 miembros (uno menos que los planteados originalmente) para evaluar si el pedido de impeachment debe proseguir o ser archivado. Una vez instaurada la comisión, Rousseff tendrá 10 sesiones para defenderse.
Luego el plenario votará la moción de esa comisión, que será aprobada si 342 de los 513 diputados levantan su mano afirmativamente, en cuyo caso la presidenta sería separada de sus funciones por un máximo de seis meses mientras el Senado la juzga.
Para escapar de una destitución, Rousseff deberá ser apoyada por 54 de los 81 integrantes de la cámara alta.
Cunha, un legislador evángelico afecto al cálculo y a jugar fuerte, fundamentó su decisión pro impeachment en unos gastos autorizados por decreto que indican una violación a la ley de presupuesto y constituyen un "delito de responsabilidad", figura que solo atañe a funcionarios públicos.
El politólogo David Fleischer cree que a medida que pasen los meses aumentará la presión sobre la atribulada figura presidencial.
"Es posible que el impeachment de Dilma solo pueda terminar en junio de 2016, justo antes de que comience la campaña por las elecciones municipales. Y es aún más probable que la desgastada imagen del PT empeore al punto de tratar de convencer a la presidenta de que renuncie", dijo.
Cunha dio encarnadura a los peores temores del Palacio de Planalto: investigado por la fiscalía por haber cobrado sobornos para facilitar negocios en Petrobras, decidió "morir disparando", en palabras de asesores de Rousseff.
Irónicamente, el jefe de la cámara pertenece al centrista PMDB en cuyas filas figura también el vicepresidente Michel Temer. Pero fiel a su estilo independiente apretó el gatillo tras saber que los tres diputados del PT en el consejo de ética del Congreso apoyarían una investigación en su contra por ocultar multimillonarias cuentas en Suiza, lo que podría terminar con su mandato.
La guerra entre Rousseff y Cunha es ahora televisada.
La presidenta dijo anoche a los brasileños que no aceptará ser chantajeada y mencionó una supuesta negociación de los votos del PT en el consejo de ética a cambio de archivar el pedido de impeachment.
"La presidenta mintió", insistió varias veces Cunha este jueves. "No existe esa historia de (...) que alguien está haciendo algún tipo de chantaje (...) El gobierno tiene mucho para explicar a la sociedad", añadió.
Pese al ruido político, los mercados subían: la bolsa llegó a escalar 4,8%, luego moderó a 3,4%, y el real se apreciaba en el inicio de un proceso que deberá recorrer un largo camino antes de llegar a su conclusión.
"Todo lo que está pasando en Brasil -la investigación en Petrobras, la apertura del proceso de impeachment- son acciones muy dolorosas para el país a corto plazo. Traen mucha paralización, muchas incertidumbres para la economía, pero creemos que van a ser muy positivas en el medio y largo plazo y que el país va a salir fortalecido", afirmó a la AFP André Leite, economista de TAG Investimentos en Sao Paulo.
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