Oficialismo en Argentina buscará aprobar este miércoles pago local de deuda

  • El oficialismo en Argentina buscará este miércoles imponer su mayoría en la Cámara de Diputados para convertir en ley un plan para el pago local de la deuda, como alternativa para aquellos inversores que no pueden cobrar en Estados Unidos por un litigio judicial.

Buenos Aires, 9 sep.- El oficialismo en Argentina buscará este miércoles imponer su mayoría en la Cámara de Diputados para convertir en ley un plan para el pago local de la deuda, como alternativa para aquellos inversores que no pueden cobrar en Estados Unidos por un litigio judicial.

El gobernante Frente para la Victoria logró hoy emitir un dictamen positivo al proyecto, ya aprobado en el Senado, por lo que la iniciativa será debatida este miércoles en el pleno de la Cámara baja.

La firma del dictamen positivo se produjo tras una reunión de comisiones de la Cámara de Diputados a la que asistió, entre otros, el ministro de Economía argentino, Axel Kicillof, para defender el plan, cuestionado por la oposición.

Kicillof dijo que el objetivo de la ley es "dar una solución definitiva a la reestructuración" de la deuda, concretada con los canjes de 2005 y 2010.

El pago a los acreedores que aceptaron la reestructuración se ve complicado en Estados Unidos por una orden de bloqueo emitida por el juez neoyorquino Thomas Griesa a favor de fondos de inversión que no se acogieron al canje (también conocidos como fondos buitre) y que reclaman a Argentina 1.300 millones de dólares, más intereses, por bonos en mora desde 2001.

"La sentencia de Griesa es una aberración jurídica, económica y financiera", aseveró Kicillof, quien aseguró que es "imposible" negociar con los fondos buitre porque ya tienen una sentencia a favor que dice que tienen que cobrar el 100 por ciento de lo que reclaman.

Kicillof anticipó que este miércoles habrá una nueva audiencia convocada por Griesa, pero aseguró que en ella "seguramente no se resolverá nada porque cualquier cosa que resolviera le quitaría elementos de presión a Paul Singer", titular del fondo NML, uno de los querellantes contra Argentina.

El proyecto que debatirá este miércoles la Cámara de Diputados incluye sustituir al Bank of New York Mellon por el estatal Banco Nación como agente fiduciario de pago y que los acreedores nombren sus propios agentes de cobro para garantizar que se harán con su dinero.

La iniciativa original proponía a los inversores cobrar en Argentina, pero, a propuesta de la oposición, se incluyó como opción en el proyecto que los acreedores puedan también cobrar en Francia a través de un canje de sus bonos bajo legislación estadounidense por otros bajo legislación francesa.

Argentina ingresó al Bank of New York Mellon los fondos correspondientes al último vencimiento de deuda reestructurada, en junio, pero la entidad, que funciona como intermediario entre el Estado argentino y sus acreedores, no distribuyó los fondos a sus destinatarios porque el juez Griesa bloqueó la operación.

El próximo vencimiento será a finales de este mes, por 200 millones de dólares, y Kicillof dijo este martes que Argentina tiene "voluntad" de cumplir con ese compromiso, pero "preservando" el "derecho soberano" del país a realizar ese pago sin verse nuevamente afectado por una decisión judicial de Griesa.

"No nos va a decir un juez y un empresario especulador si podemos pagarle o no al 93 por ciento de los bonistas que aceptaron un canje", manifestó.

Kicillof explicó que "como el agente fiduciario que tiene Argentina no es eficiente y está en incumplimiento" el proyecto faculta a conseguir otro que garantice la ejecución de la operación.

El ministro indicó que la incorporación de Francia como alternativa es porque la legislación de ese país protege de los fondos buitre a las reestructuraciones soberanas.

Este miércoles se debatirá además la creación de una comisión bicameral permanente para investigar el origen y seguimiento de la gestión y del pago de la deuda externa desde 1976, con el inicio de la dictadura que gobernó hasta 1983, en adelante.

Además, la iniciativa deja abierta la posibilidad para que el 7 por ciento de los acreedores que no aceptaron los canjes de 2005 y 2010, incluidos los que litigan contra Argentina, se adhieran ahora.

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