Ofrecen recompensa por pistas de 2 víctimas de trata de personas en Argentina

  • El Gobierno argentino anunció hoy una recompensa de 100.000 pesos (unos 20.500 dólares) a quien dé pistas sobre el paradero de dos posibles víctimas de redes de trata de personas, un delito que verá endurecidas sus penas si la Cámara de Diputados aprueba esta semana la reforma de la ley.

Buenos Aires, 17 dic.- El Gobierno argentino anunció hoy una recompensa de 100.000 pesos (unos 20.500 dólares) a quien dé pistas sobre el paradero de dos posibles víctimas de redes de trata de personas, un delito que verá endurecidas sus penas si la Cámara de Diputados aprueba esta semana la reforma de la ley.

Según una resolución publicada hoy en el Boletín Oficial, el Ministerio de Justicia argentino entregará ese dinero a aquellos que brinden datos útiles que sirvan para localizar a Gloria Celeste Mendoza Sullca y a Antonella Daiana Ramos.

Mendoza, de 16 años de edad, y Ramos, de 14, desaparecieron el pasado septiembre en la provincia norteña de Jujuy, fronteriza con Bolivia y una de las que registra más casos de trata de personas.

El Ministerio de Justicia argentino ofrecerá idéntica recompensa a quien ayude a capturar al prófugo Eduardo Bonifacio Rios, imputado por "privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados y homicidio agravado".

El anuncio de la cartera de Justicia llega una semana después de que un tribunal de la provincia de Tucumán (norte) absolviera a todos los imputados por el secuestro de María de los Ángeles "Marita" Verón, en paradero desconocido desde 2002, lo que provocó una fuerte indignación en toda la sociedad argentina.

La presidenta argentina, Cristina Fernández, arremetió contra los jueces por la sentencia y decretó sesiones extraordinarias en la Cámara de Diputados para debatir a partir de mañana una reforma de la ley contra la trata de personas que endurecerá las penas.

El oficialismo, que cuenta con mayoría en las dos cámaras, impulsa la modificación de la ley, que prevé penas de entre 2 y 4 años de cárcel para los delitos de explotación sexual simple y de entre 5 y 15 años para los delitos agravados, cuando las víctimas hubieran quedado embarazadas o fueran menores de edad.

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