ONG insta al Legislativo paraguayo a que elija a nuevo defensor del pueblo

Asunción, 11 dic.- La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), que agrupa a organizaciones civiles de todo el país, denunció hoy que el Legislativo lleva desde 2008 sin convocar un nuevo concurso público para el puesto de defensor del pueblo, tal y como está contemplado en la Constitución.

Manuel María Paez Monges ocupa el cargo desde 2001, cuando fue creada la Defensoría del Pueblo prevista en la Carta Magna de 1992.

En 2008, cuando Paez Monges fue reelegido, se creó una ley que prorroga sus funciones hasta que el Congreso establezca a otra persona.

El año pasado debía haber sido convocado un nuevo concurso para el puesto, pero el Legislativo aún no lo ha hecho, según Codehupy.

"Esto refleja la falta de responsabilidad política con los derechos humanos", dijo a Efe el secretario general de la organización, Enrique Gauto.

Opinó además que el defensor del pueblo debe ser una "figura que sea una molestia para los sectores en el poder" y lamentó que Paez Monges "no responde a esa definición" porque fue nombrado en un acuerdo entre las dos principales fuerzas políticas, el Partido Liberal y el gobernante Partido Colorado.

Sin embargo, en declaraciones a Efe Paez Monges señaló que en 2008 resultaba menos dificultoso sostenerle en el cargo que nombrar a un sustituto.

"Fue más fácil que crearan una ley para mantenerme que el que lleguen a un acuerdo diputados y senadores para elegir a otra persona", dijo Paez Mongues.

Además, frente a las críticas de ineficacia, Paez Monges explicó que la Defensoría no tiene los suficientes medios económicos y de personal para atender todas sus funciones.

Según el titular, la Defensoría cuenta con 150 funcionarios y un presupuesto de unos 10.000 millones de guaraníes (unos 2 millones de dólares), insuficiente para su buen funcionamiento.

"No es suficiente ni para pagar sueldos respetables a los trabajadores", ni para adquirir material informático, ni vehículos y les hace dependientes de donaciones de otras entidades.

"Se requiere más ayuda porque la lucha por el derecho tiene que ser impulsada por el mismo Estado", espetó.

Por su parte, Gauto destacó como un lastre para la institución el hecho de que le fuera asignada la responsabilidad de adjudicar las indemnizaciones a las víctimas de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).

"Hay un cúmulo de denuncias de problemas burocráticos o sobre la información confusa sobre cuáles son los documentos o los procesos para recibir la ayuda. También hay denuncias de coimas de funcionarios de la institución que pedían para agilizar la tramitación de solicitudes", dijo Gauto.

El propio defensor coincidió con Gauto en que "fue un error" que le encomendaran a él solo la expedición de ayudas a las víctimas.

"Estamos hablando de que empezamos hace cinco años con 22.000 expedientes y aún tenemos 13.000. Necesitamos de cinco a diez personas más para agilizar esto", explicó Paez.

La estatal Comisión de Verdad y Justicia (CJV) en 2008 registró 425 ejecutados o desaparecidos y casi 20.000 detenidos por cuestiones ideológicas durante el régimen de Alfredo Stroessner (1954-1989), la gran mayoría víctimas de palizas, picana eléctrica, quemaduras y otras formas de tortura física.