Ginebra, 9 mar.- El relator de la ONU sobre la libertad de asamblea pacífica y asociación, Maina Kiai, opinó hoy que el endurecimiento de la ley que regula las manifestaciones en Ginebra, "restringe excesivamente los derechos de libertad de asamblea".
La nueva ley será objeto de un referéndum que se celebrará este domingo y con el que la izquierda intenta que sea rechazada. El relator de la ONU se refirió en un comunicado a la reforma de la ley de manifestaciones del cantón de Ginebra, propuesta por la formación de derecha Partido Liberal Radical (PLR) y contra la que los partidos de izquierda lanzaron un referéndum.
Entre sus disposiciones, la nueva propuesta de ley fija una multa de 100.000 francos (83.000 euros) para cualquiera que no solicite una autorización para manifestarse, no respete la descripción de la misma o no cumpla las medidas cautelares policiales.
"Esa cantidad es desproporcionada y tendría un escalofriante efecto sobre el disfrute de los derechos de libertad de asamblea pacífica y de expresión", denunció Kiai al referirse a la suma de dinero que podría suponer la multa.
El relator opinó que el ejercicio de las libertades fundamentales no debería estar sujeto a una autorización previa de las autoridades, al tiempo que alertó de que esta disposición excluye la posibilidad de celebrar asambleas espontáneas.
La nueva legislación también recoge que se pueda denegar una autorización de manifestación por un máximo de cinco años si previamente se registraron "serios daños" en anteriores manifestaciones convocadas por las mismas personas u organizaciones.
Asimismo, permite a las autoridades prohibir completamente las manifestaciones en ciertos espacios, como por ejemplo el centro de la ciudad e impide que los menores de dieciocho años puedan solicitar un permiso para manifestarse, algo contrario a la ley internacional.
El relator lamentó que mientras Suiza está liderando "iniciativas importantes" respecto a la protección del derecho a la libertad de asamblea pacífica, el cantón de Ginebra propone cambios que "no van en consonancia con esos esfuerzos".
Recientemente, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) ya alertó de que el endurecimiento de la ley "lleva a atentar contra libertades fundamentales".
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