Ordenan el traslado de Ríos Montt a tribunal para enjuiciarlo por genocidio

Guatemala, 5 ene.- El Tribunal B de Mayor Riesgo dio hoy una hora para el traslado del exdictador José Efraín Ríos Montt a esa judicatura para comenzar el nuevo juicio por los delitos de genocidio y lesa humanidad del que lo acusa la fiscalía.

La presidenta de ese tribunal, Janeth Valdéz, anunció en el inicio de la audiencia que rechazó la excusa médica presentada por los abogados del militar y pidió a la Policía que lo trasladen a ese lugar para que comparezca a la audiencia.

"No acepto la excusa presentada por los abogados", manifestó la jueza en el inicio de la audiencia y dio un plazo de 60 minutos para que las fuerzas de seguridad conduzcan al exjefe de Estado de facto (1982-1983) a la sede del tribunal.

Valdéz sostuvo que Ríos Montt se "tiene que presentar a la audiencia" como está programado.

El médico particular del exdictador, Mario Bolaños, sostuvo hoy que el anciano militar (88 años) tiene que estar en reposo absoluto por problemas en la columna vertebral y que su movilización puede poner en riesgo su salud o hasta su vida y por eso no se presentó.

Por el contrario, el antiguo jefe de inteligencia militar, José Rodríguez, está en la audiencia y dijo que no le teme al nuevo juicio y que será la jueza la que decida si es culpable o inocente de los delitos de genocidio que se le imputan.

Ambos militares son acusados por la fiscalía del asesinato de 1.771 indígenas ixiles del departamento noroccidental de Quiché durante el régimen que presidió Ríos Montt.

El abogado Héctor Reyes, del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (Caldh), que actúa como querellante en el proceso abierto a los militares, dijo este domingo a Efe que el juicio se puede celebrar sin la presencia del exdictador, quien puede ser representado por sus abogados.

En el primer juicio celebrado en 2013, el exjefe de Estado fue condenado a 80 años de prisión y Rodríguez absuelto, pero debido a errores en el proceso la Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima instancia jurídica de Guatemala anuló el fallo y ordenó un nuevo debate oral y público.