Organizaciones internacionales de editores y periodistas denuncian a la onu trabas a la prensa en españa

Varias organizaciones internacionales de prensa han dirigido una carta a la secretaria del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Kate Fox, en la que le piden que actúe contra las trabas que consideran que pone la legislación española al ejercicio de la libertad de expresión y opinión.
Firman la misiva la Asociación Mundial de Editores de Prensa (WAN-IFRA), Reporteros Sin Fronteras, Access Info Europe, Amarc Europe, Free Expression Associates, la Federación Europea de Periodistas (EFJ), Article 19 y el Instituto Internacional de Prensa (IPI).
En la carta, las organizaciones firmantes expresan “su preocupación por la existencia de ciertos marcos legales y regulaciones en España que pueden impactar negativamente en la libertad de expresión y opinión".
Las actuales leyes españolas sobre difamación, señalan los firmantes, “no se adhieren a los principios de libertad de expresión” recomendados por organismos como el Comité de Derechos Humanos, entre otras razones, porque “sigue siendo una ofensa criminal”.
La carta destaca que en España se considera delito penal la ofensa a la nación y sus emblemas, como también lo es difamar “a una amplia gama de instituciones gubernamentales” o a “los miembros de la familia real”.
Por otra parte, la carta destaca que España es el único país de la Unión Europea que carece de “un órgano regulador nacional e independiente dedicado a la radiodifusión” y lamenta que se haya abandonado la creación del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, CEMA, prevista en la Ley General Audiovisual aprobada en marzo de 2010 por el Congreso.
El derecho al acceso a la información no está reconocido en España, lo que, para los signatarios, constituye “una negación del derecho de la población a estar informada”. Los firmantes de la carta argumentan que La Ley de Transparencia, aprobada en 2013 y que entrará en vigor el 10 de diciembre, no garantiza dicho derecho.
La carta pide a la secretaria del Alto Comisionado de la ONU que incluya una exigencia de corrección de esta situación en su próximo informe del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR).