Pajín defiende la retirada cautelar de la custodia a padres acusados de maltrato

La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, insistió este jueves en que la modificación del Artículo 92 del Código Civil que permite retirar la custodia de los hijos a aquellos hombres con procesos judiciales abiertos por violencia de género “no vulnera ningún derecho constitucional”.
En su comparecencia ante la Comisión de Igualdad del Congreso, Pajín afirmó que la decisión aprobada por el Consejo de Ministros implica "medidas cautelares y preventivas, que no violan el derecho a la presunción de inocencia“ como algunos han señalado.
"Se pueden tomar de manera temporal cuando un juez ha decidido abrir diligencias y no ante una simple denuncia”, puntualizó Pajín, quien precisó que “en cualquier caso, si al final del proceso” el hombre resulta exculpado “se otorgará la custodia a quien la merezca”.
En respuesta a una intervención de la diputada popular Sandra Moneo, la ministra apuntó que al igual que con las mujeres, “quiero responsabilizarme de las consecuencias del maltrato a los menores que acaba en tragedia cuando no se toman medidas preventivas”.
De ahí esta modificación, que es una “medida temporal y preventiva que ha demostrado ser eficaz en dos comunidades autónomas donde ya funciona”, argumentó.
Por su parte, Moneo indicó que lo que a su juicio debería cambiarse es el Código Penal para que los hombres con condena firme por violencia de género pierdan la patria potestad de sus hijos.
La misma idea expresó la diputada de CiU Merce Pigens, para quien “una condena firme debería conllevar la pérdida de custodia y la suspensión de las visitas cuando haya motivos”, como cuando se detecte miedo por parte de los hijos o se utilicen las visitas para amenazar a la mujer.
NO DESCARTA REFORMAR LA LEY
Pajín señaló además que el Gobierno estudiará la situación de los menores hijos de mujeres maltratadas en la evaluación de la Ley Integral contra la violencia de género 2006-2010, a fin de conocer las actuaciones realizadas y disponer de estadísticas sobre su realidad.
También estamos dispuestos a estudiar si hay medidas legislativas que se deben cambiar” para mejorar la protección de estos menores, prosiguió Pajín, aunque la actual ley integral contiene muchos artículos que permiten poner en marcha medidas en este sentido, agregó.
Por último, reiteró que el Gobierno mantendrá el fondo de 1.500.000 euros para la asistencia integral de estos menores, e insistió en la necesidad de seguir trabajando en la detección precoz, la visibilización de su realidad y el establecimiento de protocolos estándar de prevención, atención y derivación a las administraciones competentes.