El primero ha sido el diputado de Ciudadanos Alberto Reyero, que ha dicho que "la cuestión de la Cañada Real lleva sin resolverse más de 50 años, años en los que administraciones de todo tipo y color miraron para otro lado y permitieron que el problema creciera y creciera".
A continuación, ha señalado que por primera vez se ha elaborado "un texto basado en el consenso político de todas las fuerzas presentes en esta Cámara con el apoyo institucional de los tres ayuntamientos con competencias en la Cañada, Coslada, Madrid y Rivas, y con las aportaciones de los vecinos y de las entidades sociales", algo "impensable hace solo dos años".
"El cambio político y la ausencia de mayorías absolutas ha hecho posible que fuéramos capaces de encontrar espacio para el acuerdo", ha aseverado Reyero, quien ha destacado el papel de Ciudadanos en el pacto, del que se sienten "especialmente orgullosos", ya que se incluía en el acuerdo de investidura, en concreto en el punto 73, a propuesta de Ciudadanos.
Por su parte, el diputado de Podemos Raúl Camargo ha afirmado que "si hoy se firma este pacto es porque el Ayuntamiento de Madrid en el año 2015 cambió de manos, porque dejó de estar en manos del PP, y porque en la Asamblea de Madrid el PP perdió la mayoría absoluta".
"Las administraciones sucesivas gobernadas por el PP durante dos décadas prefirieron mirar para otro lado", ha asegurado Camargo, quien ha agregado que "las anteriores administraciones del PP, de forma reiterada, engañaron a los vecinos".
En este punto se ha colado en el debate el expresidente Ignacio González, a quien Camargo ha acusado de engañar a los vecinos de la Cañada por anunciar que se iban a legalizar los terrenos, en un acto en la sede de una de las asociaciones de vecinos.
"Ese día, según cuentan las crónicas periodísticas, se comieron una paella, bebieron vino, supongo que también agua del Canal de Isabel II, aunque a muchos lugares de la Cañada todavía no llegaba en ese momento y sigue sin llegar, y bailaron sevillanas", ha agregado el diputado de Podemos.
"Allí estuvo Ignacio González, que hoy está en la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos, Salvador Victoria, que debe estar poniendo sus barbas a remojar, y dos diputados que se sientan hoy aquí, Jesús Fermosel, que era consejero de Políticas Sociales, y Carlos Izquierdo, que era entonces viceconsejero de Políticas Sociales", ha agregado.
Camargo ha señalado que el apoyo de su grupo al acuerdo se centra en que reconoce que tiene que haber realojos para todas las personas que viven en la Cañada y están en el censo de 2011, contempla acciones sociales, educativas y laborales, establece la creación de mesas participativas y aborda el desmantelamiento del mercado de la droga.
Fermosel ha tomado la palabra para recriminar al diputado de Podemos que haya hecho un juicio de valor al acusar al Gobierno anterior de engañar a los vecinos y le ha pedido que retirara la acusación, pero Camargo se ha negado.
Por su parte, la diputada socialista Josefa Navarro ha señalado que "es evidente que la inacción y la falta de toma de decisiones por parte de los diferentes gobiernos regionales ha hecho que el problema, lejos de resolverse, fuese aumentando con el paso del tiempo".
"Durante todos estos años, los socialistas madrileños hemos trabajado para lograr una solución real al problema de la Cañada Real desde las diferentes administraciones implicadas", ha destacado, para "situar al PSOE en la postura que siempre ha defendido".
La diputada del PP Eugenia Carballedo ha afeado el tono de Podemos y les ha reprochado que "se han esforzado mucho en ensombrecer este gran día con esa manera ruin y mentirosa" a la que ha dicho que ya están acostumbrados, al tiempo que ha puesto en valor el trabajo de las personas que llevan décadas trabajando en la Cañada Real.
Carballedo ha destacado el trabajo del Gobierno regional y de los ayuntamientos "de distintos colores" para "llevar a la Cañada Real políticas sociales", como la Renta Mínima de Inserción (RMI) que da la Comunidad de Madrid.
"No la que dan en Andalucía el PSOE y demás compañeros mártires, no, la buena, esa que aunque pase el tiempo si tú cumples los requisitos la sigues teniendo, no esa que a los seis meses te miran y se desentienden", ha precisado.
"Pero no venimos aquí a ponernos medallas, no tenemos que venir a eso", ha agregado Carballedo, quien, dirigiéndose a Ciudadanos, ha recordado que en legislaturas pasadas ya se hablaba de pacto y de acuerdo entre administraciones, por lo que ha aseverado que "es una idea de todos". "Los protagonistas somos todos o ninguno", ha apostillado.
Por su parte, el portavoz del Gobierno y consejero de Presidencia y Justicia, Ángel Garrido, ha considerado que para conseguir un acuerdo se requieren dos actitudes, una previa, de humildad, y otra posterior, de respeto al acuerdo conseguido, "porque en el momento que esa palabra está sellada, la de acuerdo, eso pertenece a todos".
ACUERDO "HISTÓRICO"
Todos han coincidido en señalar que se trata de un acuerdo "histórico", por haber sido elaborado desde el consenso político, institucional y vecinal, mientras que Garrido ha destacado su obligado cumplimiento para las distintas administraciones con independencia de los cambios políticos.
Los objetivos prioritarios son garantizar el derecho a la vivienda a todos los habitantes de la Cañada Real Galiana censados y la restauración del medio natural en un ámbito muy degradado y regularizar la situación patrimonial y urbanística de los inmuebles y las parcelas.
En la Cañada viven 7.631 personas censadas según el censo de 2011, de las cuales unas 6.000 residen en Madrid, 900 en Coslada y el resto en Rivas, mientras el Sector 6, que va a ser desmantelado, concentra más de la mitad de los residentes totales y es la zona más conflictiva.
El Pleno ha aprobado por unanimidad una resolución en la que manifiesta su apoyo al Pacto Regional por la Cañada Real Galiana e insta al Gobierno regional a que se dirija a los ayuntamientos implicados para que lo debatan y aprueben en sus respectivos plenos.
Asimismo, insta al Gobierno regional a que, junto con los grupos parlamentarios, los ayuntamientos implicados, la Delegación del Gobierno y las asociaciones vecinales acreditadas, proceda a la posterior firma del acuerdo.
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