Pérez Molina levanta estado sitio y declara el de prevención en sur Guatemala

Guatemala, 9 may.- El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, levantó hoy el estado de sitio decretado hace ocho días en cuatro municipios del sureste del país, tras manifestaciones violentas contra la minería, y en su lugar estableció el de "prevención" por un período de 15 días.

Pérez Molina decretó el estado de sitio, que incluye la suspensión de las garantías constitucionales, después de que en la localidad del departamento de Jalapa 23 policías fueron retenidos por pobladores y sus armas robadas, y en el operativo oficial de rescate muriera un agente.

El gobernante anunció este jueves en rueda de prensa que levantaba el estado de sitio en los municipios de Jalapa, Mataquescuintla, San Rafael Las Flores y Casillas, pero establecía por 15 días el de "prevención", en el que se limita el derecho de manifestación y el porte armas de fuego.

Explicó que suspendía el estado de sitio debido a los resultados positivos que tuvieron los operativos de la Policía Nacional Civil y el Ejército, que lograron detener 18 personas supuestamente vinculadas al crimen organizado, de acuerdo a la información oficial.

Entre los detenidos está el supuesto responsable de la muerte del agente de la Policía, según los datos oficiales, que dan cuenta de que solo un arma de las robadas a los 23 policías retenidos ha sido recuperada.

Pérez Molina explicó que el estado de prevención vigente durante 15 días permitirá a las fuerzas de seguridad continuar con los operativos para ubicar las armas robadas y también 11.000 candelas de dinamita sustraídas en noviembre de 2012 y que estaban destinadas a una mina que opera en San Rafael Las Flores.

Las protestas de la comunidad contra la mina que opera en San Rafael Las Flores una subsidiaria de la canadiense Tahoe Resources desencadenó los hechos que propiciaron el estado de sitio.

Pérez Molina dijo la semana pasada en una entrevista con Efe que entre los buscados en los cuatro municipios del sureste guatemalteco están personas supuestamente vinculadas a una organización narcotraficante aprovechó las protestas contra la mina para causar disturbios.

El decreto del estado de sitio fue rechazado por la organización Marcha Campesina y Popular, que denunció la "criminalización" de la protesta social por parte del Gobierno, mientras que el procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León, dijo que medidas como esa solo generaban "ingobernabilidad" y rechazo popular.