El período medio de pago a proveedores de Andalucía se reduce a 21,03 días en junio

Con este dato, la comunidad autónoma mantiene esta tendencia con una bajada acumulada de 17,52 días en lo que va de año, ya que, en enero, el registro de su PMP fue de 38,55 días, según ya informó en su día la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta.

En una entrevista con Europa Press, la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, se ha mostrado "satisfecha" de los tiempos medios de pago a proveedores, con una cifra "muy buena, inclusos comparada con otras comunidades autónomas".

La consejera, que recuerda que en el último año la Junta ha cancelado deuda comercial por casi 9.000 millones de euros "de los que el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) sólo ha aportado 2.200 millones y el resto ha sido al pulmón de la Junta", apunta que se trata de "cantidades importantes" y un "esfuerzo bastante importante", pero asegura que el Gobierno andaluz "nunca estará satisfecho del todo hasta que no se consiga que todo el mundo cobre en tiempo y forma pero estamos cumpliendo de manera bastante razonable la normativa de morosidad".

De esta forma, considera que la gestión económica de la Junta "está siendo bastante razonable, y lo miren por donde lo miren estamos cumpliendo, como el déficit o la reducción de los tiempos de pago, a pesar de que estamos en unos tiempos extraordinariamente difícil y a pesar del modelo de financiación que nos perjudica".

Sobre el decreto que establecerá una nueva regulación sobre la garantía de tiempos de pago en sectores prioritarios, que reducirá a 20 días el plazo máximo de abono a los servicios esenciales, la consejera asegura que está "muy ilusionada con este decreto", que "va a plantear realmente un hito en la forma de gestionar la tesorería de manera más razonable y pensando mucho más en el interés general y arbitrando mecanismos de última generación para que no haya nadie se vea afectado por no poder cobrar las nóminas o contratar servicios vinculados con educación, sanidad y dependencia".

Ha indicado que "todos los departamentos y proveedores quieren estar en el anexo del decreto de garantías", de manera que "ya no se discute la idoneidad del decreto sino que entrar o no dentro del decreto". "Esto es un camino que se inicia y hemos sido ambiciosos en el punto de partida pero en la medida que vayamos avanzando iremos actualizando el anexo para que se incorporen otros sectores", ha aseverado la consejera, quien recuerda que se espera que se garantice el pago de más de un millón de facturas al año por un importe global estimado de 6.150 millones de euros.

Asimismo, ha apuntado que espera en el último trimestre sacar la convocatoria del concurso para reducir a diez el número de cuentas públicas --excluyendo los colegios, que tiene cada una la suya--, de manera que la idea es "licitar y en las licitaciones de la gestión de las cuentas públicas queremos vincular las condiciones a tener que utilizar las garantías que se planteaban en el decreto de garantías".

Además ha indicado que el objetivo de la Junta es "ir reduciendo los tiempos de pago, como estamos haciendo, para que cuando entre en vigor no tengamos que recurrir a la garantía".

"Nos ponemos deberes a nosotros mismos y toda la Junta trabaja para no saltarse ese período, pues el éxito no es tener que recurrir la garantía pero todo el mundo está trabajando para que cuando entre en vigor esté engrasado", ha indicado la consejera, quien precisa que su intención es aprobar el decreto este mismo año y que pueda entrar en vigor el 1 de enero de 2017.

TRABAJOS EN PARALELO

Asimismo, la consejera resalta que la Junta también está trabajando en cláusulas sociales, especialmente junto a los agentes sociales, para intentar tener el documento y borrador de trabajo que permita empezar a obligar a que las contrataciones públicas se rijan por los principios que aparecen en cláusulas sociales, algo que no es tarea fácil, pues la intención es que coincidan sindicatos y empresarios, y eso nos obliga a mucho diálogo.

De manera paralela, la Junta trabaja en la llamada Estrategia de Excelencia de los Servicios Públicos, "que también avanzada" y que espera poder presentar las líneas esenciales a inicios del próximo año o a finales de éste.

"Se trabaja con muchos colectivos y en este caso la idea es la de un debate abierto a los empleados públicos", ha añadido la consejera, quien precisa que "la intención no es sólo consensuarla con agentes sociales la estrategia va más allá y pone al ciudadano en el centro de la administración de servicios, que todo pivote en torno al ciudadano".

Montero ha indicado que en paralelo a estos proyectos también se trabaja en la creación de oficina de lucha contra el fraude, en el que "tenemos borradores de trabajo muy avanzados a los que hay que darle la fuerza definitiva" y que "recoge la posibilidad de que todo el mundo pueda presentar cualquier tipo de denuncia; se va a recoger como tarea y como derecho del empleado público a trasladar aquellas malas prácticas que crean que pueda ser objeto de investigación, con independencia de donde se desarrolle".

Ha indicado que "aunque normalmente se vincula a corrupción, pero no tiene por qué ser sólo corrupción, sino comportamientos poco éticos".

"Se trata de medidas complementarias, en cada una se trabaja de forma distinta y en el caso de la oficina, la intención es presentarla en breve, antes de que acabe el año poder presentar el borrador", ha apuntado.

La consejera resalta que este último tramo del año "será intenso en la presentación de borradores de trabajo, algo que va a depender mucho del tiempo que consuma el proyecto presupuestario".

Ha añadido que el documento de la Ley de Buen Gobierno y Estatuto de Altos Cargos "esta muy avanzado" y va en la línea de la "lucha contra el fraude, la rendición de cuentas y la transparencia".

"En todo esto, el Estatuto de Alto Cargo, la Ley de Buen Gobierno o la oficina de lucha contra el fraude, se trabaja en paralelo y forman parte de un paquete legislativo, que va a ser complementarios unos de otros: todo está muy avanzado y queda por perfilar algunas cuestiones", ha apuntado la consejera.