Oviedo, 29 nov.- Cinco ex altos cargos de Mina La Camocha y de otras dos empresas carboneras asturianas se enfrentan a penas de nueve años de prisión cada uno por distintos delitos de fraude relacionados con el cobro ilegal de subvenciones al carbón por un importe superior a los 17 millones de euros.
Entre los imputados se encuentran tres ex altos cargos de La Camocha, explotación gijonesa que cerró sus puertas hace cuatro años: el expresidente Manuel Martín Martín; el director general de servicios y apoderado de la referida sociedad, Víctor Zapico Zapico, que fue consejero de Industria del Principado entre 19911 y 1993 con el PSOE ; y la exresponsable de contabilidad y apoderada Margarita García Fernández.
También se sentarán en el banquillo Ángel García Brugos y Guillermo Honrubia Álvarez, administrador y apoderado respectivamente de Hullas del Coto Quirós en el momento de detectarse el supuesto fraude, cometido entre 1998 y el año 2000.
Para cada uno de los cinco acusados pide una condena de nueve años de prisión, tres años por cada uno de los tres delitos que les imputa contra la Hacienda Pública en su modalidad comitiva de fraude de subvenciones, tipificados y penados en el artículo 308.2 del Código Penal.
Además pide el pago de una multa de 17.089.200 euros (5.696.400 euros por cada delito), con 270 días de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas, y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo de quince años.
En concepto de responsabilidad civil, los acusados deberán indemnizar de forma conjunta y solidaria al Estado en 17.089.200 euros, cantidad a los que ascendió el importe de las ayudas al funcionamiento y a la reducción de actividad indebidamente percibidas por la entidad Minas La Camocha S. A. en los ejercicios de 1998, 1999 y 2000, junto con los intereses legales de demora correspondientes.
El fiscal considera responsables civiles con carácter subsidiario a las entidades mercantiles Mina La Camocha S. A., Hullas Coto Quirós S. L. y Trabajos y Explotaciones S. L.
La investigación del caso fue impulsada por la Fiscalía Anticorrupción a raíz de que la Guardia Civil de Gijón detectara el movimiento sospechoso de carbón importado desde el Puerto de El Musel hasta Mina La Camocha, en 1999, y su supuesta venta a las térmicas como nacional.
Según el relato del fiscal, a través de Hullas de Coto Quirós, La Camocha se hacía con carbón de importación que hacía pasar como propio y que se quemaba después en la térmica de La Pereda.
En concreto, a través de Hullas de Coto Quirós S.L. se habrían importado unas 33.782 toneladas de carbón que facturó a La Camocha como prestación de servicios y alquiler de maquinaria.
A través de la sociedad "Trabajos y Explotaciones S.L." se habrían introducido por los mismos conceptos otras 34.124 toneladas.
En aquellos años la tonelada de carbón de importación costaba unos 45 euros mientras que el valor medio de las ayudas que recibió por tonelada durante esos tres años fue de 189,88 euros.
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